José Rigane, Secretario Adjunto de CTA Nacional y Secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía (FeTERA-CTA) analizó el proyecto de Ley de Hidrocarburos impulsado por el Gobierno nacional y recientemente acordado con los gobernadores de las provincias de la OFEPHI (Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos).

El dirigente dijo que «el proyecto es un marco legal para seducir a los grandes capitales petroleros del mundo. Quieren una ley para que las empresas extranjeras desembarquen en Vaca Muerta».

«Las condiciones que plantea el proyecto no se discuten públicamente. No impulsan un plebiscito popular sobre la política hidrocarburífera porque necesitan avanzar de espaldas al pueblo. Por eso necesitan que esta ley pase rápido por el Congreso», afirmó.

Rigane también expresó que «las grandes petroleras se relamen porque se están preparando para obtener grandes beneficios de Vaca Muerta y el mar argentino con la libre disponibilidad de lo extraído y en las divisas». Y agregó que «están entregando nuevamente el petróleo y el gas a manos extranjeras».

El dirigente de la CTA afirmó que «el tema del fracking (fractura hidráulica) y los posibles riesgos de contaminación del agua y la tierra, los riesgos de sismos provocados y los químicos utilizados no están en debate en las reformas de la ley de hidrocarburos».

Rigane dijo que «el proyecto del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner acorta la renta de las provincias petroleras y marca limites como el ’acarreo’ o los impuestos bajo una política hidrocarburífera un poco más federal de la que hoy existe. Esto en un principio es bueno, porque se necesita una política unificada y federal en materia energética. Pero el objetivo principal de la nueva ley sigue siendo seducir al capital privado, principalmente extranjero, para explotar Vaca Muerta y desarrollar los no convencionales en el país. Y para que esto suceda necesitan de un nuevo marco legal que favorezca y otorgue enormes garantías a las grandes corporaciones mundiales de la energía para que inviertan en la Argentina».

También afirmó que «estamos regalando los recursos, ya sean convencionales o no convencionales, al extenderse los plazos de concesión de las áreas a las empresas. No puede haber soberanía si hay empresas que, si cumplen con la nueva ley, pueden permanecer en un área más de 50 años».

Por ultimo, José Rigane expresó que «esta ley representa un fuerte retroceso en cuestiones de Soberanía Nacional».

«Necesitamos una nueva ley, pero que tenga como objetivo central resolver los problemas de los argentinos; necesitamos desarrollar una política energética que tenga como rol fundamentalmente la soberanía nacional y la emancipación del conjunto del pueblo», remarcó.