La CTAA Capital repudia la política de vacunación implementada por el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el carácter profundamente discriminatorio, político y clasista con que fue concebido y llevado a la práctica.
A principio de esta semana se conoció la noticia de la privatización de la vacunación por parte del Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y con el correr de los días, y el silencio de las autoridades correspondientes, se fueron conociendo más detalles de lo que ahora se ve como una declaración de principios y de fines políticos. Ya que ante la aplicación de la vacuna en algunas obras sociales, prepagas y hasta en un local político partidario, lo esencial está a la vista de todas y todos.
En primer lugar el hecho se da de plano contra los protocolos emanados de la autoridad nacional que dispone de las vacunas para que cada gobierno operativice su aplicación (en esta etapa) a todas las personas mayores de 80 años sin distinción alguna. Pero, el hecho de que empresas privadas de salud hayan ofrecido el servicio a sus afiliados exclusivamente, es una contradicción flagrante ya que, al no estar a la venta para ser adquirida por privados, esas vacunas fueron sustraídas del sistema público de salud y representan otra transferencia de recursos de los más humildes a los más ricos y poderosos.
Consultado por la percepción de la noticia por parte del personal de salud en la ciudad, Rodolfo Arrechea, Coordinador Nacional de Salud de ATE y Secretario General de Ate Hospital Rivadavia, aseguró que “a los trabajadores y trabajadoras de la salud nos ha causado una gran indignación. Desde ATE y la coordinación de Salud queremos rechazar y repudiar este atentado contra la salud pública, por haber privatizado el esquema de vacunación que es potestad del Estado Nacional en la ciudad de Buenos Aires, otorgándole vacunas a ciertas empresas privadas de salud mientras aún no ha sido vacunada la totalidad de las y los trabajadores de salud”.
“Nos indigna el hecho pero no nos sorprende, ya que este gobierno intentó cerrar cinco hospitales, reducir personal y aniquilar el sistema público de salud. Algo que solo la lucha de ATE permitió frenar y hasta revertir al conseguir 4 mil nombramientos en enfermería para hacer frente a la crisis desatada por el covid. Además todo este tiempo fue una lucha constante para conseguir los elementos de higiene y seguridad para no enfermar, mientras las autoridades de gobierno incentivaban la apertura de más actividades a pesar de que los hospitales permanecían saturados de pacientes. Y hoy en día son muchas las personas que se vacunan por acomodo”, finalizó Arrechea.
La relación entre funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio, los dueños de dichas empresas de salud y algunos dirigentes sindicales ya es de público conocimiento, así como el pedido de informes por parte de Amnistía Internacional sobre este particular.
Guillermo Defays, Secretario de Previsión Social de la CTAA Capital, sostiene que “La decisión del Gobierno porteño reafirma su impronta neoliberal, donde el acceso a la salud y aún a la vida, pasan a depender claramente de la posición social y económica que tengamos los habitantes de esta ciudad, al tiempo que naturaliza y tiende a profundizar las desigualdades existentes y lo hace además con una clara intencionalidad política, cuando no incluye al PAMI en su «plan», intentando asignarle el estatus de «salud pública de segunda» cuando se trata de la mayor Obra Social de Latinoamérica”.
“Desde la Secretaría de Previsión Social de CTA Capital, repudiamos estas actitudes del gobierno porteño y exigimos un plan de vacunación que otorgue la debida prioridad a los adultos mayores y sea organizado en su implementación por los organismos oficiales, sin dejar esto en «cuotas de vacunas» repartidas a las Obras Sociales y Prepagas, para que éstas las administren a su albedrío” concluyo Defays.
Al cierre de la presente y recién después del escándalo, el PAMI fue convocado a participar de la vacunación en CABA.
