En todo el país se realiza hoy una campaña nacional para juntar firmas por el 82% móvil. ACTA habló con la diputada Graciela Iturraspe sobre lo que significaría poder contar con este proyecto hecho realidad en una ley que lo haga cumplir. El proyecto plantea la creación de un Instituto Previsional Nacional con un directorio de 9 miembros, de los cuales 7 sean trabajadores activos y jubilados. Además se refirió a la urgente necesidad de debatir la Ley de aborto.

-¿En qué están trabajando en este momento?

 Estamos luchando para que finalmente se debata la Ley de aborto, por la cual venimos bregando desde hace muchísimo tiempo, simplemente para que se debata en Comisiones y en el recinto, sepamos cuáles son las posturas de cada diputado y cada diputada. Si bien es un proyecto que está firmado transversalmente por representantes de distintos bloques, nunca hemos logrado que se trate y se debata.

-¿Quiénes han firmado el proyecto?

 La presidenta del Bloque del Frente para la Victoria, Juliana Di Tulio, Adela Segarra, Julia Pedié, Leonardo Grosso, por hablar de algunos del Frente para la Victoria. También algunos radicales, en este momento ya ha cumplido su mandato Storani, pero fue uno de las promotores dentro del Bloque Radical y logró consenso de buena parte de sus colegas. Por supuesto lo han firmado los diputados de Unidad Popular, representantes del FIT también lo han firmado, también diputados de Nuevo Encuentro. Pero, a pesar de tantas firmas y tantas representaciones, evidentemente acá hay un mandato, directamente de la presidenta de la nación que hace que su bloque no lo ponga en tratamiento que es quien tiene la posibilidad de hacerlo ya que tiene la mayoría.

-¿Por qué creés que hay esta resistencia si existe un consenso en la sociedad de hacer alguna legislación que contemple por lo menos la despenalización?

 Siempre ha habido sectores del Frente para la Victoria que han estado enrolados en este movimiento. Me parece que el Congreso y el Frente para la Victoria se mueve de acuerdo a las órdenes que recibe de la Casa Rosada. En realidad no es un poder independiente el Poder Legislativo, no es que reciben el mandato de quienes los votaron sino que las leyes que se tratan son las que se mandan o las que da el ok el Ejecutivo. La Presidenta, por propia convicción y por su militancia católica siempre se ha declarado antiabortista. Lo hizo mientras fue diputada, cuando fue senadora y lo ha manifestado ahora desde el cargo del Ejecutivo y tiene todo el legítimo derecho de tener la convicción personal que quiera. Me parece que lo que no se puede es obstaculizar un debate que está demandando nuestra sociedad. Acá lo que sí hemos podido aprobar con campañas de educación sexual, fue el tema de la distribución gratuita de métodos anticonceptivos que son ley pero que tampoco tienen las partidas suficientes, ni el recurso humano suficiente como para que haya morigerado el impacto de los embarazos no deseados.

-Por otro lado, hoy está en marcha la campaña nacional por la junta de firmas por el 82% móvil

 Hoy se hace una nueva marcha por el 82% móvil. En realidad es un título un poco reduccionista en cuanto a los alcances de la ley que se pudo realizar en su momento con dos años de trabajo de distintos centros de jubilados con el asesoramiento del doctor Horacio González, previsionalista y constitucionalista de ATE y de la Central que asesoró para que este proyecto viera la luz. En su momento tuve el privilegio de representarlo en el Congreso y ahora lo ha presentado nuestro compañero, diputado nacional Víctor de Gennaro.

Estamos haciendo una campaña por un millón de firmas por un motivo similar al que planteábamos con respecto a la ley de aborto, intentando que este proyecto sea debatido en el recinto. En realidad si uno logra juntar un millón de firmas, puede tener la certeza de que hay un millón de personas multiplicado por sus grupos familiares que tienen conocimiento de que este proyecto existe y por otro lado obliga a que sea tratado en el recinto.

-¿Por qué decís que es un poco más ambicioso que el 82% móvil?

 El proyecto plantea, yo diría, tres o cuatro ejes: uno es eliminar el Anses como lo conocemos hoy, el Anses como lo conocemos hoy es la Administración Nacional de la Seguridad Social. Nosotros planteamos separar los fondos de la seguridad social y crear un Instituto Nacional de Previsión Social para que los fondos que van para las arcas jubilatorias sean claros, definidos y estén separados de los fondos de la seguridad social en general.

El otro tema que planteamos es que ese Instituto Nacional tenga un directorio de 9 miembros, de los cuales 7 sean representantes directos de los trabajadores jubilados y de los trabajadores en actividad que son los aportantes. Esos 7 tendrían que ser elegidos por voto directo y secreto y tendrían que expresar y representar a las distintas regiones del país y le damos sólo dos al Ejecutivo para que tenga una representación en el directorio, también se les daría el síndico, el auditor pues queremos que las cuentas sean absolutamente transparentes pero lo que planteamos es que los que decidan sean los legítimos dueños porque son los que aportan y los legítimos beneficiarios porque son los trabajadores jubilados.

De esta manera se acabaría con una práctica que es histórica porque la verdad que no podemos decir que sea patrimonio de este gobierno, que es que las cajas previsionales son las cajas con las que hacen política pública los distintos gobiernos. Políticas públicas que en muchos casos podemos coincidir: quién de nosotros podría estar en desacuerdo con que cada chico de nuestro país tenga una netbook, el debate es si ese fondo tiene que salir de los fondos provisionales. Hay otras políticas con las cuales no estamos de acuerdo, como cuando con los fondos del Anses se subsidia a multinacionales como la General Motors para que en épocas de crisis no echen gente pagando desde el Estado Nacional buena parte del sueldo de los trabajadores, cuando en realidad con los ingresos históricos de esas multinacionales podrían resistir tranquilamente los momentos de crisis.

-Y lo del 82% es para que la jubilación sea más parecida a lo que se cobraba en actividad, ¿no es cierto?

 Por otro lado, el tema del famoso 82% es que haya una relación específica entre lo que uno aportó y el sueldo que tenía en actividad y el sueldo que cobra al día siguiente de jubilarse. La Presidenta dijo hace dos años, un primero de marzo, en la apertura de las sesiones legislativas que el 80% de los trabajadores jubilados cobra la mínima. El gobierno se jacta, y es cierto, de haber dado un aumento, pero lo hicieron con la mínima, o sea, igualaron para abajo.