La decisión de aumentar el salario mínimo, vital y móvil y fijarlo en la suma de $ 8.060 mensuales a partir de enero de 2017 implica desnaturalizar por completo el contenido de este derecho de los trabajadores. El derecho a contar con un salario mínimo está reconocido en la Constitución Nacional y de acuerdo con el artículo 116, debe garantizar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.
En el día de hoy el Consejo del Salario ha repetido las mismas falencias que la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma ha venido denunciando públicamente durante años. En particular, al no haber determinado la composición ni el costo de la canasta básica, una vez más el Consejo del Salario ha fijado arbitrariamente un monto que no tiene relación con las necesidades de los trabajadores y sus familias, que según un estudio realizado por la Junta Interna de ATE INDEC ronda los $ 18.500.
Más aún, la reciente reunión del Consejo del Salario en nada se ha diferenciado de las que se desarrollaron en los últimos años. No ha habido debate alguno ni tampoco se ha profundizado en otros temas que deberían ser materia de análisis: la protección y la promoción del empleo y la formación profesional, la no contemplación de los trabajadores estatales, son algunos ejemplos que ni ahora ni en los años anteriores fueron motivo de preocupación por parte del Consejo del Salario.
Además de no responder a las necesidades de los trabajadores, el nuevo monto ni siquiera permite mantener el poder adquisitivo del salario mínimo, consolidando de esta manera su caída en términos reales, proceso que se inició en el año 2012. En la actualidad, si en lo que resta del año se registra una inflación inferior al 20% (supuesto por demás optimista a la luz del comportamiento de los precios de bienes y servicios en estos meses), el valor del salario mínimo será, en términos reales, el más bajo desde el año 2005.
Una vez más el Consejo del Salario ha perdido la oportunidad de transformarse en una herramienta que permita cumplir con el mandato constitucional. En este sentido, no parece haber ninguna ruptura con relación a la gestión anterior, la continuidad es total.
Desde la CTA-A entendemos que es necesario modificar sustancialmente la dinámica de funcionamiento del Consejo del Salario y que sus comisiones deben seguir funcionando en forma permanente. Solo así podrá garantizarse el cumplimiento del mandato constitucional previsto en el artículo 14 bis y, al mismo tiempo, impulsar la creación de puestos de trabajo que le permitan, a todos los trabajadores sin distinción, acceder a los bienes y servicios mínimos. De lo contrario, subsistirán las condiciones de explotación que deberán ser rechazadas y resistidas por la totalidad de las organizaciones sindicales y de los trabajadores, tal como lo hemos venido haciendo en múltiples oportunidades a lo largo de los últimos meses.
