El pasado lunes 8 de mayo Jorgelina Sosa y Nora Romero, secretaria General Adjunta y secretaria de Finanzas de la CTAA Capital respectivamente, viajaron a la provincia de Río Negro para acercar su solidaridad a las compañeras presas -junto a sus hijos e hijas- por luchar en defensa de su territorio.
El 4 de octubre último se produjo el desalojo de la lof Lafken Winkul Mapu. Desde ese día Romina Rosas, Luciana Jaramillo, Celeste Huenumil y la Machi Betiana Colhuan Nahuel, junto a sus respectivos hijos e hijas, permanecen privadas de su libertad por manifestarse por el derecho al reconocimiento de sus tierras ancestrales.
Las integrantes de la comunidad fueron detenidas hace siete meses en la zona de Villa Mascardi en Río Negro, en un operativo que contó con más de 200 efectivos federales, que usaron gases lacrimógenos y balas de goma para ejecutar la orden judicial.
«Lo más preocupante en este momento son las condiciones en las que están detenidas las compañeras, en una vivienda muy precaria. Nosotras, desde la CTAA Capital nos comprometimos en acompañar sus reclamos y en seguir haciendo visible la situación que están pasando.», explicó Jorgelina Sosa, secretaria General de la Central porteña.
La compañera además agregó: «Yo me pregunto dónde está la democracia para las mujeres, dónde está la democracia de nuestros cuerpos. Llamo a solidarizarnos con esta causa y acompañar a estas compañeras que están detenidas con sus hijos, que una de ellas tuvo que parir en una cárcel y que viven en condiciones inhumanas esperando a que su causa se resuelva.»
En el violento desalojo que realizó la Policía Federal en octubre del año pasado detuvieron a las mujeres, sin importar que dos de ellas se encontraban en período de lactancia y una con un avanzado embarazo. Las compañeras fueron trasladadas, sin explicación, a la provincia de Buenos Aires, aunque después de gestiones de organismos de Derechos Humanos fueron llevadas a la ciudad de Bariloche para otorgarle prisión domiciliaria, pidiendo un nuevo domicilio porque la Justicia no reconoce el territorio donde estaban habitando desde 2017.
