Lo acontecido en estos días en varios geriátricos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en relación a la pandemia de COVID 19 no hace más que desnudar las falencias del sistema de cuidados de adultos mayores que el distrito más rico del país, lejos de intentar solucionar, ha agravado durante su gestión y las anteriores del mismo signo político.

* Por Guillermo Defays, secretario de Previsión Social de la CTAA Capital

En efecto, durante los 13 años que lleva el PRO en el Gobierno (también conocido como Cambiemos y Juntos por el Cambio) ha dejado librado «al mercado» todo lo referido a cuidados domiciliarios e incumplido hasta con el más básico control periódico en los geriátricos privados, sobre todo desde 2016 hasta este macabro presente.

Yendo de lo macro a lo micro y haciendo un somero recorrido histórico, nuestro país fue precursor en el cuidado de sus adultos mayores. Los Derechos de la Ancianidad, presentados por Eva Perón en agosto de 1948, antecedieron a la inclusión que la ONU hiciera de este grupo etario en su Declaración Universal de los Derechos Humanos, unos meses después.

En 1952, Argentina suscribió el Convenio 102 de la OIT sobre Seguridad Social. En 1992 se emitió un decreto de Formación de Auxiliares Gerontológicos que el PAMI comenzó a implementar, pero hoy día permanece «desactivado». Y en 2012, cuando la OIT emitió su Resolución 202 sobre Piso Mínimo de la Seguridad Social, nuestro país adhirió a los principios de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

La Ciudad de Buenos Aires, por su parte, integra el programa «Ciudades Amigas con los Adultos Mayores» de la OMS, ya que es el distrito más envejecido del país: el 16% de su población cuenta con más de 65 primaveras, unas 500.000 personas. Además de unos 800 centenarios (que superan el siglo de edad) según se destaca en investigaciones realizadas por trabajadores del PAMI.

De esas 500 mil 800 personas adultas mayores, 30 mil están alojados en más de 600 geriátricos, en su mayoría privados y cinco hogares de la Ciudad. A lo que se debería sumar un 65 por ciento de los internados en los hospitales de la Ciudad y otras 30 mil personas mayores que no viven en geriátricos pero necesitan algún tipo de ayuda para vestirse, bañarse o desplazarse. Atención que recae en gran medida sobre la familia y, en menor porcentaje, en personal de cuidados: una actividad totalmente privatizada que llevan adelante personas de manera particular, pero también empresas dedicadas a tal fin, que explotan a sus trabajadores y tienen clientes más que pacientes, ya que solo pueden acceder quienes pueden pagar el «servicio».

A la luz de los datos expuestos queda demostrado que la Ciudad cuenta con antecedentes históricos, doctrinarios y estadísticos de sobra como para no ignorar esta realidad. Aún así, el ejecutivo porteño no ha intentado siquiera darle al PAMI la posibilidad de desempeñar su necesario papel de cuidador y contralor del sistema de seguridad social. Algo que se agravó durante la gestión macrista en la Nación.

Ante el evidente desmanejo de la Ciudad, es necesario y urgente implementar el Sistema Nacional de Cuidados planteado en la plataforma del actual Gobierno Nacional para descongestionar los geriátricos y generar los mecanismos de control necesarios.

De momento, en la emergencia, ya sea por parte del Gobierno de la Ciudad o el Nacional a través del PAMI (si el primero no está a la altura), deben implementarse los protocolos sanitarios ante la pandemia y hacer testeos masivos.

El gobierno de Horacio Rodríguez Larreta debería haberse centrado en proteger a los adultos mayores de más riesgo, en lugar de intentarlo primero con quienes llevan sus años sin mayores sobresaltos y totalmente válidos. Pero las orientaciones ideológicas, las particulares visiones de la realidad y del mundo, se terminaron filtrando en los actos de los funcionarios, a pesar del cuidado con que se elaboran los discursos para la tribuna.

Larreta hace muy bien en «no sacar los pies del plato» de la política sanitaria nacional y seguirle el paso ante la pandemia. No tiene otra opción. Pero el desastre de los geriátricos ha costado y desgraciadamente seguirá costando vidas, porque toda la impronta neoliberal, con lo económico delante de lo social, lo individual delante de lo colectivo y los acuerdos privados por delante de la ley, explotan, como se ve, en los recursos que no alcanzan, en los controles que no se hacen y en los viejos que no tendrían que haber muerto.