En un comunicado la Asociación de Agentes de la Propaganda Médica (AAPM-CTA) denunció que las obras sociales están sufriendo una asfixiante presión de las clínicas y sanatorios privados, que han aumentado sus aranceles de prestaciones de modo abusivo, arbitrario y unilateralmente hasta el 30 por ciento.
Esto es, por encima del índice inflacionario de 2013, con la excusa de los incrementos salariales que debieron conceder a su personal y por la tendencia alcista del dólar.
Dice textualmente la nota:
Los incrementos basados en cálculos falaces sobre la incidencia del salario de las enfermeras, los camilleros o los médicos, han colocado a las obras sociales en un estado de virtual estrangulamiento económico, ya que deben pagar «si o si» los aranceles que les imponen las prestadoras o afrontar la interrupción de las prestaciones a sus afiliados.
«Las cámaras patronales de la medicina privada abusan de la carterización del mercado, fijando de común acuerdo valores referenciales calculados de acuerdo al incremento de los salarios de su personal –que es el componente menos oneroso de su estructura de costos- y la cotización del dólar, con la excusa de la adquisición de insumos importados.
Para estas patronales el salario es siempre la variable de ajuste. Para abajo, cuando hay que reducir costos, o para arriba cuando hay que incrementar los aranceles.
Los aumentos de los aranceles que se «justifican» en el 26 por ciento de incremento salarial acordado a su personal durante la paritaria del personal de la sanidad (FATSA) , es una excusa insostenible cuando se analiza la estructura de costos de las clínicas y los sanatorios privados.
Tampoco hay argumentos desde ninguna teoría económica que justifiquen el traslado automático de ese porcentaje a los aranceles que debemos pagar las obras sociales.
En ninguna actividad comercial o industrial el aumento salarial concedido al personal incide directamente en el precio final de la prestación o el producto.
Por ejemplo, FATSA también rubricó un incremento salarial del 26 por ciento para los operarios de los laboratorios y ese porcentaje no ha sido trasladado automáticamente al precio de venta de los medicamentos.
El salario en Argentina representa apenas del 10 al 15 por ciento por ciento de la estructura de costos en la mayoría de los sectores de servicios e industriales, pero las clínicas y sanatorios tienen sus propias escalas, que en algunos casos han impuesto actualizaciones del 30 por ciento en sus prestaciones.
Las clínicas y sanatorios privados pueden fijar precios abusivos y compulsivos porque no existe un marco regulatorio en Argentina para las contrataciones entre las obras sociales y sus prestadoras.
Esa arbitrariedad que – subrayamos – se aplica ante la falta de regulaciones ha conducido a las obras sociales a un estado de asfixia, ya que no pueden duplicar los aportes de sus asociados, a diferencia del procedimiento aplicado por las prestadoras del sistema.
Estas clínicas y sanatorios suponen que las obras sociales pueden incrementar los aportes de sus asociados como hacen las empresas de la medicina privada como OSDE o Medicus.
Hemos tenido que escuchar ese argumento de parte de los directivos de las empresas de medicina privada, que por desconocimiento o mala fe, nos han propuesto incrementar los aportes de nuestros afiliados «como hace OSDE».
Los aumentos de la mayoría de las clínicas prestadoras – escalonados en los últimos meses y con actualización en enero- superaron lo que estas clínicas acordaron en la paritaria con FATSA a mediados del año pasado.
Es así que muchos prestadores han incrementado sus aranceles del 30 a 35 por ciento, mucho más de lo que dicen públicamente y en virtud de cálculos inflacionarios de meses venideros.
O sea, están trasladando de golpe y sin posibilidad de negociación, el índice inflacionario que se pronostica para todo el 2014.
Un claro ejemplo de la desmesura inflacionaria aplicada por los proveedores de salud son los medicamentos, en fármacos de alto costo los incrementos rondan un 46% y hay algunos casos demostrativos del fraude a todos los argentinos, el laboratorio BIOSIDUS tiene un farmaco de nombre BLASTOFERON , cuya droga , interferon, es esencial para ciertas patologias graves , este producto lo aumento en un año un 125% con una sola justificación : le adiciono a su en envase agujas para su aplicación?????
Así como no hay marco regulatorio, tampoco hay espacio para la discusión o la negociación. Las obras sociales recibimos la notificación del incremento y la opción es «aceptar o dejar» la prestación.
De negarnos, la prestadora dispone la ruptura unilateral del contrato y nuestros afiliados sufren la interrupción de los servicios e incluso de tratamientos médicos ya iniciados.
El mercado de las prestaciones hospitalarias y ortopédicas está carterizado desde hace tiempo, como hemos denunciado oportunamente. Pero, presuntamente, las autoridades no se enteran.
Las cámaras que fijan los valores de referencia son la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina (Adecra), la Cámara de Instituciones Médicos Asistenciales (Cimara), Confeclisa, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados, la Asociación de Entidades de Medicina Privada y la Cámara de Entidades de Diagnóstico Médico (Cadime), en primera instancia.
Las empresas privadas afiliadas a estas cámaras privadas, venían amenazando desde agosto del año pasado con declarar un paro patronal ante la demora de la Secretaría de Comercio en autorizar el 26 por ciento de aumento en los aranceles.
El titular de Cadime, Guillermo Gómez Galizia, consideró «inexplicable» que el gobierno no autorizara el aumento de los aranceles que las obras sociales y las prepagas abonan a los prestadores, cuando amenazaban con un paro patronal de 48 horas.
«Es inexplicable que en la actual coyuntura, la Superintendencia de Servicios de Salud no haya convocado al Consejo Permanente de Concertación previsto por la ley 26.682 de regulación de la medicina prepaga, a efectos de determinar los aranceles mínimos y obligatorios que cubran los costos de producción de las empresas prestadoras», se quejó el directivo.
Esa ley, promulgada en mayo de 2011, excluye expresamente a las obras sociales y en consecuencia no hay ninguna regulación que instale parámetros para la negociación con las prestadoras privadas.
Por su parte, el titular de la Cámara de Instituciones Médico Asistenciales de la República Argentina (Cimara), Federico Díaz Mathé, aseguró entonces que «el sistema de medicina privada está en crisis».
«Si suben los sueldos y no aumentan las cuotas, la situación no se sostiene. El reclamo es legítimo. El Gobierno es el responsable de autorizar los aumentos», pidió el empresario.
Otro empresario, Gustavo Mammoni, presidente de Confeclisa, aseguró en agosto pasado que «el valor actual de los aranceles está desfasado con la realidad, resulta insuficiente para afrontar mayores costos».
Los mayores costos- que nadie ignora-, también son afrontados por las obras sociales, que no disponen de la «facultad» de suspender servicios o declarar un paro como mecanismo de presión y se financian, exclusivamente, con la cuota de sus afiliados.
A partir de la gravedad de esta situación, exigimos la intervención de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) y de la Secretaría de Comercio, para que activen mecanismos que pongan un freno al estrangulamiento que estamos soportando y que de seguir por esta espiral, provocará que millones de afiliados a nuestro sistema solidario, dejen de recibir atención».
