Se reproduce en esta nota el informe elaborado por Claudio Lozano y Gustavo Lahoud, del +Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), en el marco de la situación crítica que plantean los cortes permanentes en el suministro eléctrico en buena parte del conurbano, Capital Federal y zonas del interior del país.
Para el diputado nacional de la CTA por Unidad Popular (UP), Claudio Lozano, “esta espantosa pesadilla que sufren a diario miles de conciudadanos combina aspectos estructurales y coyunturales. La ausencia de inversión en mantenimiento de redes de distribución eléctrica por parte de las empresas, junto a la carencia de niveles de reserva de potencia instalada, implican que el sistema funcione en estado crítico permanente.”
Al finalizar el trabajo, en el que luego de describir la situación actual en la que plantea la confección de un mapa real de la situación de todas las áreas que son parte de esta problemática (capacidad instalada, intervención del ENRE, tarifas, reservas de potencia, Sistema Argentino de Interconexión -SADI-), y de proponer algunas modificaciones para aportar mayor equidad al esquema tarifario y al consumo, Lozano sostiene que “los límites de las empresas y el oficialismo obligan a la sociedad a seguir creciendo en su autoorganización”.
Informe de situación
“Nos encontramos nuevamente ante la difícil pero cada vez más predecible situación crítica que plantean los cortes permanentes en el suministro eléctrico en buena parte del conurbano, Capital Federal y zonas del interior del país. Esta espantosa pesadilla que sufren a diario miles y miles de conciudadanos combina aspectos estructurales y coyunturales.
«Lo primero a señalar es la ausencia de inversión en mantenimiento de redes de distribución eléctrica por parte de las principales empresas a cargo de la prestación del servicio de distribución, junto a la carencia de niveles relevantes de reserva de potencia instalada que pueda ser utilizada eficientemente en momentos de picos de consumo. No es casual que sea siempre en julio–agosto y en noviembre–diciembre cuando se producen las permanentes fallas tanto en transporte como en distribución eléctrica. Esto ocurre cuando las llamadas fuentes de generación de base (las de origen térmico, hidráulica y nuclear) están operando a los mayores niveles posibles en función de su capacidad de potencia y de disponibilidad, momento en que deben ser inevitablemente complementadas por generación adicional que es la que permite dar servicio eléctrico en las horas valle o pico de demanda.
«Los números son contundentes: la capacidad instalada actualmente en todo el parque de generación con sus distintas fuentes, orilla los 31.000 MW de potencia de los cuales, pueden disponerse hasta 24.000 MW en términos de potencia disponible para abastecer la demanda creciente. Piénsese que en estos días, estamos orillando los 22.000/23.000 MW de demanda de energía eléctrica, lo cual, en los hechos, implica que el sistema está funcionando SIN RESERVAS DISPONIBLES y en estado de criticidad permanente, lo cual ocurre cuando las temperaturas superan los 32 o 33 grados, situación que nos pone permanentemente ante la precariedad y la violencia que implica que se le siga tomando el pelo a nuestra población en forma permanente.
«Téngase en cuenta que cualquier sistema eléctrico debe operar, por lo menos, con una reserva del 15 al 20% del total del parque disponible; el Gobierno nacional sostiene que tenemos un remanente de 2.500 MW para usar en horas pico de consumo, sin embargo, esa situación no parece verse reflejada en la operación del sistema, ya que cuando superamos los 32 o 33 grados de temperatura, la disponibilidad remanente se transforma en un dato ficticio.
«También es cierto que estas situaciones conviven con inversiones que se han hecho en materia de redes de extra y alta tensión en el país, sobre todo, entre 2007 y 2012, con el objetivo de extender el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), pero, también, se ha invertido en centrales térmicas que, a falta de gas, se han operado crecientemente con combustibles líquidos como fuel oil y gasoil, más caros y contaminantes. Es decir, que hay aspectos centrales vinculados al diseño de la planificación que siguen marcando falencias insostenibles a esta altura de las circunstancias. Huelga decir, además, que el SADI necesita un monitoreo permanente a los efectos de corroborar su correcto funcionamiento, ya que hoy sabemos que una región clave como Mar del Plata no está conectada a las líneas de extra alta tensión de 500 Kv, al tiempo que, como viene pasando desde hace casi dos años, han contratado mini centrales térmicas que funcionan con combustibles líquidos al modo de grandes grupos electrógenos móviles, cuya operación es ruidosa, contaminante y peligrosa.
«Es decir que, en la cosmovisión general del sector, conviven situaciones que parecen paradojales; en efecto, mientras es cierto que, en la última década, se han instalado unos 9.000 MV adicionales al parque de generación -como decíamos recién- ello no se ve reflejado en la operatoria global del sistema, por cuanto, en la unidad de distribución -que es donde hoy está impactando más seriamente la crisis- se han acumulado diversas problemáticas que van desde falta de inversión en nuevas subestaciones, falta de repuestos esenciales, cuadrillas de equipos en calle que en buena medida son personal tercerizado, deficiencias en el mantenimiento de las redes y cables y problemas con las tensiones del suministro eléctrico.
«Asimismo, un último aspecto de carácter estructural, es la inadmisible intervención política discrecional del ENRE, que es el organismo creado por ley en 1992 que debiera asegurar criterios de regulación del mercado sobre la base de la idoneidad técnica y el apego a la observancia de lo que la legislación marca. Sin embargo, hace ya años que el organismo está intervenido, lo cual comporta otra grave anomalía que debe solucionarse a través de la convocatoria a un concurso público para la normalización institucional del Ente Regulador.
«Por otra parte en lo que respecta a una cuestión estrictamente coyuntural, hace ya un año, se tomó una decisión de aumentar levemente los cargos fijos del servicio eléctrico en los consumos domiciliarios y, junto con ello, se puso en marcha una resolución por la que se destinaban esos recursos para el mantenimiento y las obras nuevas en el área de distribución final. En tan sentido, durante este año, han estado trabajando en la forma en que suelen hacerlo: desvirtuando la naturaleza del problema encarando procesos de mantenimientos parciales por barrios y en función de los mismos reclamos que se iban generando y, por cierto, sin compromiso alguno sobre un informe en tiempo real sobre las inversiones que se concretaron realmente en todas las áreas bajo cobertura, por ejemplo, de Edenor, Edesur y Edelap en las zonas del conurbano, Capital Federal y La Plata.
«Por ende, las autoridades gubernamentales y el ENRE deberían exigir informes periódicos completos sobre todo lo actuado en materia de mantenimiento de redes y nuevas inversiones, ya que, nuevamente, todo lo que se decide se va por el agujero negro de la falta de voluntad política de control real sobre el servicio que las empresas distribuidoras brindan.
«Por último, una pequeña reflexión sobre el remanido argumento de la necesidad de revisar tarifas. En primer término, debe generarse una discusión integral sobre el servicio público de la electricidad, en la que se replanteen no sólo las cuestiones vinculadas a las tarifas, sino los patrones bajo los cuales se debe prestar el servicio. En ese sentido, cabe recordar que los problemas de deficiencias severas del sector comenzaron a registrarse hacia fines de 1998, cuando la problemática del atraso tarifario no estaba en las clásicas argumentaciones que se escuchaban desde las empresas. Pero, el deterioro en la calidad de las prestaciones, la baja en los niveles de eficiencia y la falta de reglas de juego claras que obligaran a las empresas a invertir, siguen siendo aspectos centrales del problema que hoy, sí, conviven con una situación generalizada de precios relativos divergentes, situación que debe ser abordada en forma integral.
«A su vez, el referido retraso tarifario en los consumos finales de los hogares residenciales y usuarios comerciales, tiene que ponerse a la luz del funcionamiento distorsionado del mercado eléctrico en la Argentina, ya que el actual Gobierno sigue subsidiando indiscriminadamente la oferta -léase la generación eléctrica a través del subsidio permanente a la compra de combustibles líquidos a través de Cammesa, mientras que esta situación convive con un esquema de precios en el que las crecientes importaciones- un 25% del total de nuestros energéticos hoy- juegan un papel determinante, ya que operamos sobre números que no controlamos a causa de la pérdida del abastecimiento y, por ende, toda la operatoria del sistema se encarece.
«Sólo desde esa consideración integral, podemos encarar una nueva propuesta vinculada a las políticas de demanda que, en tal sentido, debería combinar una tarifa social sólida con acceso barato y seguro a garrafas -para aquellos hogares que no cuenten con gas natural por redes- y con graduales ajustes destinados, en principio, al 30% de los consumos residenciales que están por encima de los 1.000 kW/h de consumo por bimestre.
«Es decir, no puede ser que el criterio de intervención oficial sea el de subsidiar la oferta en forma permanente al tiempo que no asegura el acceso en condiciones igualitarias a toda la población, ya que el ciudadano que no tiene gas domiciliario por redes, debe pagar más por el consumo a través de garrafas y los ciudadanos del interior del país siguen pagando más caro el acceso a gas natural por redes en comparación con los usuarios del Gran Buenos Aires, La Plata y Capital Federal. Por ende, por el lado de la demanda existen inequidades rampantes que deben ser corregidas, mientras que debe avanzarse en forma integral en una política que revea la calidad y eficiencia de la prestación del servicio y sólo dentro de ese esquema, se puede hablar de revisiones acotadas de tarifas.
«Por último, teniendo en cuenta las declaraciones de funcionarios gubernamentales, no sería extraño que ingresáramos en una dinámica de cortes de servicio programados. Los límites de las empresas y el oficialismo obligan a la sociedad a seguir creciendo en su autoorganización”.
Fuente: ACTA
