Nueve plantas frigoríficas de exportación suspendieron sus actividades al menos hasta el lunes próximo y licenciaron a su personal, que oscila entre 700 y 1500 operarios por fábrica, ante la escasez de ganado bovino como consecuencia del paro que llevan adelante hace 8 días los trabajadores enrolados en ATE del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Agroalimentaria (SENASA).
El paro, que arrancó el lunes 6 y en principio se extenderá hasta el último minuto del miércoles 15, hizo que el viernes pasado los ingresos al Mercado de Hacienda de Liniers cayeran a la mitad en comparación con el viernes anterior, lo que hizo que los precios del novillo subieran 20% en una semana.
La huelga de 10 días fue ratificada por el gremio tras una audiencia, realizada el viernes en el Ministerio de Trabajo, en la que el sindicato rechazó por improcedentes la conciliación obligatoria que se había dictado.
Además, desde ATE se instó a los trabajadores del SENASA, sea cual sea el gremio al que adhieren, realicen asambleas en todo el país y firmen un petitorio para que en las discusiones en Trabajo estén los otros dos sindicatos (UPCN y Apumag) a fin de abrir la comisión negociadora para destrabar el conflicto.
Esas asambleas podrían determinar una profundización de la medida de fuerza, lo que agravará aún más la situación en la industria de la carne, tanto para la exportación como para el consumo interno, dado que sin los certificados emitidos por SENASA no puede trasladarse la hacienda desde los campos hacia los mercados concentradores, y desde éstos a los frigoríficos. Menos se puede embarcar carne para exportar.
Desde el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Carne, que lidera Silvio Etchehun, cargó contra la «inacción» del gobierno nacional y las «complicidades» de los empresarios del sector en «la destrucción de la cadena cárnica».
«Por estas malas políticas se cerraron 136 frigoríficos y 21.000 trabajadores fueron despedidos. Hoy, en el final del mandato de la presidenta Cristina Fernández, terminan dejando 7500 suspensiones, 3500 despidos programados y 1000 retiros voluntarios», remarcó Etchehun en un comunicado.
Ante la situación, el sindicato se declaró en «estado de alerta y movilización». Adhirió, además, a la protesta en el SENASA y el paro de las entidades gremiales y les propuso marchar «en conjunto a la Secretaría de Comercio y al Ministerio de Agricultura, para lograr medidas que frenen esta grave crisis».
SENASA: Trabajo convocó de urgencia para hoy a ATE y al Estado empleador
Durante las últimas horas pudo conocerse que, en el marco del duro conflicto gremial que se mantiene entre la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), el Ministerio de Trabajo de la Nación convocó formalmente a una audiencia urgente para hoy a las 11 horas en la sede de esa cartera laboral.
La audiencia nacional será presidida por la Vice-Ministra Noemí Rial y estarán presentes, además de la representación sindical, las máximas autoridades de todo el Estado empleador: El SENASA representado por su Presidenta Diana Guillén, el Ministerio de Economía, la Función Pública y la Jefatura de Gabinete.
La decisión final de convocar a las partes surgió luego de una reunión que mantuvieron Carlos Tomada, Ángel Kicillof, Carlos Casamiquela y el propio Aníbal Fernández. En ese encuentro se analizaron los perjuicios económicos que están sufriendo varias economías regionales en todo el país y la paralización de actividades productivas que resultan centrales.
Es que el paro ya entra en su octavo día y se encuentran restringidas todas las exportaciones de fruta de pepita (manzanas y peras), verduras y otros. Además, la mayor preocupación está dada a partir del mercado de la carne, ya que muchos frigoríficos privados, aprovechando la medida de fuerza, comenzaron a despedir y suspender trabajadores. A partir de ello, desde ATE se manifestó un enérgico repudio a la actitud asumida por los empresarios de la carne. Para el sindicato se trata de una jugada de riesgo que llevan adelante con la finalidad de solicitar luego al Gobierno, aduciendo pérdidas y falta de rentabilidad, que les sean quitadas todas las retenciones.
Cabe recordar que los trabajadores del organismo nacional reclaman un aumento salarial del 40%, el pase a la planta permanente de todos los trabajadores contratados, el pago de adicional por zona desfavorable y el reconocimiento de funciones, entre otros puntos.
