por Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz.
Nuestro país vivió el horror de la dictadura militar provocando miles de muertos, desaparecidos, niños secuestrados y desaparecidos, exiliados y la destrucción de bienes y recursos del pueblo.
Frente a la dimensión que cobró en Argentina el terrorismo de Estado, la lucha por la verdad y el enjuiciamiento de los responsables fue acompañado por la creación de los Espacios de la Memoria a partir de la detección de los centros clandestinos de detención, para mantener la memoria sobre lo acontecido y para que nunca más se repitan esos hechos.
El Instituto Espacio para la Memoria (IEM), organismo creado en 2002, fue resultado de esas luchas y concebido como un organismo autónomo y autárquico para garantizar una política pública de derechos humanos que fuera patrimonio de todo nuestro pueblo, con independencia de los diferentes gobiernos de turno e inclusive de la diversidad de expresiones políticas y sociales democráticas y populares. Hoy lamentamos que la existencia del IEM se vea amenazada por un acuerdo de cúpulas que dejan de lado la experiencia acumulada en función de intereses partidarios y gubernamentales, y que quienes son responsables de estos manejos demuestren su mediocridad conceptual y falta de ética política.
En nuestro país, a la vez que el actual gobierno asumió reclamos importantes para el desarrollo de una política de derechos humanos, tuvo lamentablemente una práctica de partidización de esas luchas históricas, que se ha expresado reiteradamente en la apropiación exclusiva de un capital simbólico, que lejos de ampliar la convocatoria genérica, tiende a sectorizarlos y aislarlos dentro de circuitos de disciplinamiento político. Sectorizar es serruchar la propia rama donde están sentados, nadie les quitará históricamente los méritos aportados a la lucha, pero una política que se pretende popular sabe que la mejor garantía para tornarla sustentable es lograr integrar la diversidad y ampliar las coaliciones políticas y sociales para asegurarlas. El intento de control de los espacios de memoria para “construir su propia historia”, acotada y restringida a sus propios intereses, busca destruir el Instituto Espacio para la Memoria, que fue creado para preservar la memoria de nuestro pueblo.
Tal como ocurrió con los negociados inmobiliarios vendiendo espacio público, el Gobierno de la Ciudad y el gobierno nacional, están acordando desmantelar el trabajo y esfuerzo de muchos años realizado por los trabajadores y el consejo directivo del IEM, integrado por organismos y personalidades reconocidas por su defensa de los derechos humanos. Un atropello que se hace sin la más mínima consulta, ausentes de todo tipo de diálogo con el consejo directivo del IEM, y con la complicidad de legisladores kirchneristas y del PRO. Este acuerdo significa quitarle la autonomía y autarquía que tiene para convertirlo en una institución bajo las órdenes del gobierno nacional actual y los que vendrán después.
Por su parte, los trabajadores del IEM también expresaron su preocupación y rechazo frente a quienes pretenden destruir una herramienta tan valiosa para la lucha histórica por memoria, verdad y justicia, como de los distintos centros de detención clandestina durante la dictadura militar. El gobierno nacional busca imponer un museo en el Casino de Oficiales de la ex ESMA, alterando los espacios de memoria sin el consenso de los diversos actores involucrados, y enviando un grupo de la Dirección de Museos para apropiarse por la fuerza de las instalaciones.
No es éste el primer intento de cerrar los espacios de memoria por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que intenta acotar, y en lo posible anular el Parque de la Memoria en la Costanera Norte. El actual Gobierno de la Ciudad quiere sacarse de encima todos estos espacios, dado que nunca tuvo compromiso alguno con la lucha por los derechos humanos, ¿por qué razón habría que facilitarles la tarea? ¿qué intereses y negociados tienen entre ambos gobiernos para llegar a este atropello?
Hacemos un llamado a la responsabilidad de las autoridades nacionales y de la Ciudad, para que respeten los espacios y valores de lucha por la libertad y los derechos humanos y decirles que rechazamos los intentos de destruir el IEM.
Los derechos humanos son patrimonio de la humanidad y no de un gobierno o partido político. Para nosotros la defensa de los derechos de las personas y de los pueblos constituyen una unidad conceptual y práctica, a la vez que objetivos son métodos de trabajo, no bastan las normas, hay que procurar que mayores sectores sociales los incorporen en sus prácticas culturales, sociales y políticas.
Nadie es dueño de los derechos humanos, pero todos tenemos la responsabilidad de respetarlos y hacerlos respetar a través del ejercicio democrático, así como de preservar la memoria que nos ilumina el presente, desde donde podemos construir nuevos caminos de convivencia y de respeto entre las personas y los pueblos.
La resistencia en la esperanza nos permitió construir estos espacios que pertenecen al pueblo, a su historia y a su memoria que se construye día a día, para que las nuevas generaciones participen, y los horrores vividos no vuelvan nunca más.
