El pago se realiza en bonos con vencimientos que llegan al 2033, que en caso de desvalorización, la Argentina se compromete a compensar con otra emisión de títulos por 1.000 millones de dólares.

Se trata de nueva deuda pública y marca el rumbo de mayor endeudamiento asumido en el último tiempo.

Los montos involucrados, de 5.000 a 6.000 millones de dólares, son valores superiores a los contables, lo que se explica en la imposibilidad de pagar al contado, por lo cual, resulta una cancelación financiada y altamente rentable para Repsol.

Si se busca una explicación a este pago, la justificación está en la necesidad de acudir al mercado mundial para financiar la tercera reserva mundial de “shale”, los hidrocarburos no convencionales, e inscribir a la Argentina como potencia petrolera. Siempre se sostuvo que Argentina tenía petróleo, pero que no alcanzaba a calificar como país petrolero, situación que se modificaría con la explotación del yacimiento de Vaca Muerta.

La expropiación sin pago a Repsol era esgrimida mundialmente por las transnacionales petroleras como una restricción al ingreso de capitales para el desarrollo de la producción de hidrocarburos, ya que son estas transnacionales los que tienen la tecnología necesaria para realizar la extracción.

Con el pago a Repsol y el acuerdo oportunamente realizado con Chevron se apunta a tentar a otros inversores internacionales para transformar la potencialidad del yacimiento Vaca Muerta en realidad. Es un llamado al capital externo para invertir en la Argentina, asegurando rentabilidad. En el mensaje presidencial de apertura de las sesiones parlamentarias del 2014, la Presidenta destacó el crecimiento de 3,4% en la producción petrolera y 2,2% en gas con inversiones por más de 1000 millones de dólares.

Un detalle no menor del mensaje al Congreso devino en la justificación de la privatización, al reconocer “fue para poder pagarle a las provincias las regalías que no nos liquidaban», tras lo cual resaltó que con la expropiación parcial se ha «vuelto a federalizar el recurso, porque así lo exige la Constitución nacional, que establece en cabeza de las provincias la propiedad de los recursos». Vale mencionar, que una de las limitaciones más seria para una nacionalización completa de YPF es precisamente la provincialización de los recursos naturales que dispuso la reforma constitucional de 1994, mecanismo que aseguró que las provincias avalaran el objetivo político del Pacto entre Menem y Alfonsín.

Energía para qué y para quién

Lo que no se discute es el para qué de esa producción energética, la dependencia tecnológica, económica y financiera. Un poco más se discuten los costos ambientales y sociales de la aplicación de la fractura hidráulica o fracking para la extracción.

El argumento que preside la política energética remite a la necesidad del autoabastecimiento, que por ahora supone anualmente una importación de combustibles del orden de los 12.000 millones de dólares. Todo para que funcione el modelo sojero y agrario de subordinación a las transnacionales de la alimentación y la biotecnología; la mega minería a cielo abierto; la industria del automotor y el complejo industrial de armaduría.

Ese modelo productivo es el que debe discutirse, el que demanda esas magnitudes de consumo energético, lo que nos llevaría a pensar y polemizar sobre que modelo energético se requiere para nuestro país.

En rigor, se sigue la lógica del capitalismo hegemónico, estadounidense, con una fuerte apuesta a la producción de hidrocarburos no convencionales, que más allá de resistencias en varias poblaciones y algunas disposiciones legales restrictivas a esa tecnología y modo de producción, le está permitiendo a EEUU disminuir sus necesidades de importación y retomar el camino del autoabastecimiento petrolero.

El modelo productivo en el capitalismo contemporáneo apuesta fuertemente a la explotación de la fuerza de trabajo y a la depredación acelerada de la Naturaleza. Por ello es importante interrogarse sobre el modelo energético. ¿Un modelo de extranjerización y dominación de tecnología en manos de transnacionales del petróleo o una concepción alternativa?

La semana pasada se hizo una Asamblea popular sobre la crisis energética donde se sostuvo el Derecho a la Energía, una posición levantada históricamente por la Federación de los Trabajadores de la Energía, la FeTERA, agrupamiento enrolado en la CTA.

La política energética viene definida desde los 90´ con privatizaciones, una política que sirvió para extraer todo el petróleo y gas posible privilegiando la obtención de ganancias, especialmente Repsol-YPF, y reorientar esas utilidades para inversiones en otros territorios, caso de África.

El cambio de gestión de la petrolera con la expropiación parcial no modificó el sentido productivo de YPF, donde la concepción mercantil se impone a una estrategia productiva para asegurar el derecho a la energía. Por eso es que se afirma que la fractura hidráulica es la mejor opción tecnológica, aun cuando se reconocen sus impactos contaminantes. Después de todo, argumentan los defensores del fracking, toda actividad industrial y más las extractivas, contaminan.

Al mismo tiempo crece la conciencia social y el debate sobre el fraking y sus efectos contaminantes, que se expresa en un movimiento social extendido que se manifiesta a varias declaraciones de Concejos Deliberantes de municipios que se pronuncian como territorios libres de fracking.

Lo que predomina por ahora es la negativa a la técnica extractiva, contaminante, y muy poco la discusión sobre el modelo energético y productivo en general, es decir, el para qué de la energía. Ello conlleva la discusión por un proyecto de soberanía energética, que pueda articular una propuesta definida regionalmente, en el camino de Petro-América que alguna vez propuso Hugo Chávez.