Entrevista a José Rigane sobre el acuerdo entre la empresa YPF y la española Repsol, que acaba de aceptar oficialmente, sobre el proceso de estatización del 51% de las acciones que el Estado nacional adquirió a mitad del año pasado. El Secretario General Adjunto de la CTA dijo: “creemos que había que haber sancionado a Repsol por no cumplir con los pliegos de concesión y por vaciar la empresa”.
– ¿Qué opinión te merece el acuerdo de YPF con Repsol?
– Es un cambio muy grande de la estrategia del gobierno si tenemos en cuenta que a mitad de 2012 decía que estaba por estatizar YPF con la expropiación del 51% de las acciones, un año y medio después desdice de todo y reafirma el camino del modelo energético basado en la privatización y la extranjerización. La prueba más evidente de que ha abandonado ese camino es el acuerdo con Chevron, donde está claramente el camino elegido que es la entrega de soberanía. Y de este modo abandona aquella decisión que parecía el transito del primer escalón hacia una política de soberanía. Pero evidentemente este camino no existe.
– Cuando estuvo el debate sobre la expropiación del 51% de YPF se daban muchos argumentos por parte del Gobierno de que la empresa española había saqueado YPF, la había vaciado y la había utilizado solamente para llevarse dinero al exterior. Es decir, hay muchos argumentos para discutir la indemnización.
– Nosotros fuimos claros en su momento a partir de todo lo que había hecho Repsol en Argentina. Desde el vaciamiento, la fuga tremenda de los dividendos, junto con Eskenazi, que produjo que Repsol no invirtiera en el país, una magra política de exploración y explotación, entonces, creemos –y lo dijimos en ese momento- que había que haber sancionado a Repsol por no cumplir con los pliegos de concesión y por vaciar la empresa. Para tomar dimensión de todo esto, también hay que decir que el 51% de YPF es el 30% del manejo de la energía por parte de la empresa YPF. Antes YPF manejaba toda la energía del país. Por lo tanto, no hay ninguna razón para pagarle a Repsol, pero claro, lo que se está imponiendo es el criterio de propiedad del sistema capitalista. Y lo que está apoyando, más de un sector, es que haya un reconocimiento a Repsol porque EE.UU. ha dicho claramente que no va a reconocer ninguna expropiación. Por otro lado, también, esto produce que algunos aventureros vean en el acuerdo YPF-Repsol van a fluir en Argentina otra vez dólares de los grupos multinacionales como si estos fueran una salvación para el pueblo argentino, donde la historia demostró que no es así nunca. La prueba más evidente es que, con el proceso de privatización y entrega de los recursos naturales en la década de los 90, el pueblo argentino no resolvió ninguno de sus problemas sino más bien que se agravaron y profundizaron. Hoy, en el campo energético, estamos en una crisis tremenda.
– Desde el Gobierno dijeron que después del acuerdo con Repsol iban a venir empresas extranjeras a invertir porque la petrolera española iba a retirar sus demandas al país en el CIADI, y lo anunciaban como algo positivo. ¿Vos qué crees?
– En realidad, el gobierno está dando vueltas sobre sí mismo y está volviendo a potenciar el modelo productivo depredador, exportador y contaminante. Y con este tipo de acuerdos, vuelve a tomar el concepto de la energía como una mercancía y no como un bien social y con valor estratégico para el pueblo y los intereses nacionales. Con lo cual, vuelve a darle vitalidad al modelo energético basado en la privatización y extranjerización. Mientras hablan de “profundizar el modelo”, están profundizando la pérdida de autonomía, la mayor dependencia y, sobre todo, el retroceso en la soberanía. Este gobierno, como los anteriores, jamás ha transitado un camino como si lo hizo Venezuela, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, entre otros. Es decir, no ha tenido una política de defensa y recuperación de la soberanía popular. Sino, lo que ha hecho es todo lo contrario: ratificar y profundizar el modelo que entrega los recursos argentinos a manos de los grupos multinacionales.
– El Gobierno le imprimió un tinte progresivo al acuerdo con Repsol, mostrando que la política energética es progresiva y que promueve el desarrollo nacional. ¿Por qué crees que necesitan realizar este mecanismo?
– El Gobierno hace esto porque sigue con la misma idea que comenzó en el 2003, donde tiene un discurso para la tribuna y una práctica que nada tiene que ver con el discurso. Y esto también se puede ver con que la designación de Capitanich al frente de la jefatura de gabinete no tiene nada que ver con la designación de Kicillof al frente de economía. Está clara la señal del gobierno, que quiere llegar muy bien al 2015 porque necesita al kirchnerismo después de 2015. Para llegar a cumplir este objetivo el único camino es acordar con el PJ. Y por eso Capitanich, que representa el PJ, la estructura ortodoxa, la maquinaria partidaria, que es lo que necesitan para el próximo proceso electoral dentro de 2 años. Pero el 2015 también necesitan acordar con los grupos multinacionales, y en particular con Estados Unidos. No dejemos de ver que, en esta iniciativa de tratar de poner como oferta a Vaca Muerta a los grupos multinacionales, también esta relacionado Estados Unidos, sobre todo para lo que significa poner en funcionamiento toda la innovación y tecnología (que es fundamentalmente de EE.UU.) para extraer los yacimientos de hidrocarburos no convencionales. Por ejemplo, ¿quién aporta la tecnología? Chevron, que es una empresa multinacional de origen en los Estados Unidos, país con gran desarrollo en materia de hidrocarburos no convencionales. Entonces, todo cierra: por un lado, EE.UU. necesita garantizar su energía para su enorme consumo y, por el otro, es muy alentador para el país del norte que el desarrollo de los no convencionales sean en países sudamericanos. Y en todo esto, Argentina responde al esquema donde Estados Unidos va a lograr el autoabastecimiento y al mismo tiempo, que desarrolle su estrategia de poder por todo el mundo. Por eso creo que la idea de garantizar “seguridad jurídica” a los grupos multinacionales petroleros para que vengan a invertir al país a partir del acuerdo de YPF-Repsol es perjudicial para los intereses nacionales y del pueblo. La idea de dar señales de “seguridad jurídica” es una mentira porque los grandes grupos petroleros no necesitan de esas señales. Estuvieron más de 30 años saqueando al país y a los países de la región, donde las señales de “seguridad jurídica” sólo sirvieron para precarizar trabajadores, saquear recursos naturales, contaminar el suelo, el agua y lo que sea.
Fuente: FeTERA
