El Gobierno nacional presentó el pedido de juicio político para los camaristas que -durante la feria judicial- avalaron la paritaria que los bancarios habían firmado con las cámaras empresarias en noviembre del año pasado. ACTA habló con Daniel Jorajuría, secretario Gremial de la Central, quien expresó su absoluto repudio y la solidaridad con los jueces y trabajadores.
Mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave, incumplimiento de la Constitución Nacional, arbitrariedad y falta de imparcialidad son los cargos que se les imputan a los jueces Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, que integran la sala de feria de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Arias Gibert y Marino dictaron a fin de enero una cautelar en la que consideraron válido el acuerdo que los gremios habían firmado con ADEBA (Bancos privados de capital nacional) y ABAPPRA (Bancos públicos), y estipulaba que todos los bancos, incluidos los extranjeros nucleados en ABA que lo rechazaban, debían pagar según los términos de lo acordado en noviembre de 2016. Por otro lado, los jueces habían ordenado al Ministerio de Trabajo que se abstuviera de intervenir en las negociaciones.
“La actitud del ministerio de Trabajo solicitando el juicio político de los jueces de la Sala 5 del Trabajo del Consejo de la Magistratura luego que ellos fallaran a favor de la asociación bancaria es de una gravedad institucional que pone en riesgo la democracia”, dijo Daniel Jorajuría, secretario Gremial de la CTA Autónoma.
El dirigente señaló además que: “Acá se atenta contra la división de poderes de nuestro sistema republicano establecido en nuestra Constitución. Es también un ataque al sistema internacional de normas de la Organización Internacional del Trabajo porque se viola el convenio 98 de la OIT que establece la libre negociación voluntaria como lo hizo en este caso la asociación bancaria y la cámara empresaria del sector”.
En ese sentido, concluyó: “Sólo el Ministerio de Trabajo, en todo caso, puede revisar la legalidad del acuerdo, pero no su contenido. Acá se intenta claramente poner techo a la negociación colectiva establecida. Esta actitud habla de un claro intento de sometimiento de los jueces del trabajo a las políticas flexibilizadoras que viene instrumentando este gobierno contra los trabajadores. Desde nuestra Central hacemos llegar nuestra solidaridad a Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, felicitamos a la Asociación Bancaria por el acuerdo y expresamos nuestro más enérgico repudio y rechazo a tamaña decisión del Gobierno”.
