Especialistas, representantes de Cooperativas, trabajadores, ONGs y legisladores coincidieron en los fundamentos de su rechazo al proyecto Argentina Digital, enviado por el Ejecutivo: el tipo de regulación que plantea y la autoridad de aplicación constituyen diferencias insalvables.
Los especialistas Guillermo Mastrini, Martín Becerra y Santiago Marino de la Maestría de Industrias Culturales de la Universidad de Quilmes; representantes de los sindicatos de trabajadores jerárquicos de telecomunicaciones CEPETEL (Guillermo Defays) y FOETRA (Eduardo Moyano y Aníbal Vázquez), representantes de la Cooperativa FECOPEL (Rafael Sánchez), las diputadas nacionales Graciela Villata (FRente cívico y Social de Córdoba) y Liliana Parada de Unidad Popular, Mandato Cumplido (MC), el representante en AFSCA Gerardo Milman, referentes de organizaciones de Usuarios y Consumidores, Héctor Polino (Consumidores Libres), representantes de organizaciones no gubernamentales dedicadas a las telecomunicaciones, Enrique Chaparro (Fundación Vía Libre), fueron algunos de los oradores en la Audiencia Pública sobre el proyecto Argentina Digital, convocada por Claudio Lozano presidente del bloque Unidad Popular, junto a sus pares Víctor De Gennaro y Antonio Riestra.
Durante el encuentro, que se realizó ayer a la tarde en el Anexo de la Cámara de Diputados, los participantes se refirieron a las indefiniciones y contradicciones del proyecto oficial.
Para el diputado nacional de la CTA, Claudio Lozano (UP), “en un mercado donde cuatro empresas concentran el 85% de las telecomunicaciones, la regulación es imprescindible y el carácter y la conformación de la Autoridad de Aplicación se transforma en estratégico.
Esta ley es “monárquica”, permite que el Poder Ejecutivo resuelva todo, la Autoridad de aplicación no se define y los términos de la regulación resultan absolutamente ambiguos propiciando un proceso de concentración e integración vertical reñido con toda lógica e incompatible con la libertad de expresión.
En estos términos y desde la lógica con la que el Gobierno ha tergiversado la aplicación de la ley de Medios, este es un nuevo negocio a favor de Telefónica.
El bloque de Unidad Popular presentará un proyecto propio junto a los trabajadores de las tecnologías de la información y la comunicación, a efectos de garantizar el carácter de servicio público para la telefonía móvil e Internet y propiciando el desarrollo científico, tecnológico e industrial.”
Martín Becerra sostuvo que “la principal objeción a este proyecto de ley es que El Poder Ejecutivo Nacional ha tenido plenas facultades en estos doce años para regular, modificar, corregir el sector de las telecomunicaciones por lo menos en su alta concentración y en su pésima prestación de servicios. Es evidente que el alto poder que puede concentrar el Poder Ejecutivo sin una normativa clara no es garantía de que las prestaciones atiendan al interés público. La regulación tiene que atender de manera muy directa la garantía de que no se abuse de posiciones dominantes, cosa que este proyecto no hace”.
Gerardo Milman criticó el proyecto al referirse a la situación que se da en la que “muchas de las introducciones que trae este proyecto están implementadas en un decreto que no se lleva a la práctica”.
Enrique Chaparro de Fundación Vía Libre, autor de uno de los proyectos presentados en la audiencia pública realizada en el Senado, eligió la ironía para sintetizar el espíritu del proyecto oficial: “El que matare a otro recibirá una pena que irá de un mes a perpetua según lo decida el Ejecutivo. A esto equivale este proyecto de ley que podría haber tenido solo tres artículos. El primero, refórmese la ley de telecomunicaciones. El segundo, facúltese al Poder Ejecutivo a hacer lo que se le dé la gana. Tres, apruébese”.
Para FECOPEL, representado por su presidente Rafael Sánchez y por el ingeniero Parodi, “la norma tiene que contemplar las asimetrías de un mercado altamente concentrado”. También reclamaron la definición de las muchas ambigüedades contenidas en el proyecto, y la incorporación del criterio de servicio universal. Respecto a la autoridad de aplicación, plantearon la conformación de un cuerpo colegiado.
Héctor Polino analizó el proyecto desde los intereses de los consumidores. Inscribió la decisión oficial en el marco del intento de incorporar a las telefónicas al negocio de la comunicación audiovisual. En este sentido, recordó que la privatización de ENTEL prohíbe expresamente dicha participación, razón por la cual las empresas privatizadoras pagaron un precio menor.
