El sábado último se realizó la Jornada por los Derechos Humanos a siete años de la desaparición de Luciano Arruga, en la plaza que lleva el nombre del joven asesinado por la Policía Bonaerense en 2009, allí en Lomas del Mirador, partido de La Matanza.
Resultó un evento multitudinario, teñido por el colorido que aportó la confluencia de decenas de organizaciones sociales de todo el país, que junto a los familiares de víctimas del gatillo fácil y la desaparición forzada en democracia, desarrollaron actividades diversas (talleres, exposición de casos, debates, murga, teatro, música) bajo las consignas de por un lado, denunciar fuertemente las prácticas criminales de las fuerzas de seguridad a lo largo y a lo ancho del país, y por el otro, fortalecer los tejidos de acción entre los familiares y las organizaciones en torno a la lucha contra la impunidad y la prevención de estos casos.
La CTA Autónoma estuvo presente acompañando a familiares y presentando casos de violencia institucional que tuvieron lugar en diferentes provincias. Compañeros de CTA y ATE Rosario, representados en la presencia de Liliana Leyes y la concejal rosarina Celeste Lepratti (quien integró la Mesa sobre Gatillo Fácil), estuvieron acompañando a familiares de jóvenes asesinados por el aparato represivo en la provincia de Santa Fe. Del Espacio de Niñez y Territorio, estuvo el compañero Omar Giuliani de Ruca Hueney, que también participaron de la jornada a través de un puesto informativo.
La CTA y ATE Misiones, centraron su participación en la denuncia y difusión del caso de Mario Golemba, desaparecido en esa provincia desde marzo de 2008. Así mismo, compartieron a las organizaciones presentes, un “Informe represivo en Misiones” que da cuenta de más de 20 casos de muertes ocurridas en contextos de encierro en dicha provincia.
Por la conducción nacional de CTA, estuvo presente la secretaria de Comunicación Carolina Ocar.
Represión de punta a punta
En la Jornada se dieron a conocer cifras actualizadas por la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI) en relación a desapariciones forzadas, asesinatos (gatillo fácil), torturas y asesinatos en represiones a la protesta social en la Argentina.
Según las estadísticas de CORREPI, son 4644 las personas asesinadas por gatillo fácil y tortura en lugares de detención durante el periodo que va desde la restauración del sistema democrático (1983) hasta diciembre de 2015.
En este mismo periodo, CORREPI detectó 70 casos de asesinatos en represión a protestas sociales, y un total de 200 desaparecidos en el marco de casos donde las fuerzas de seguridad están implicadas.
En el documento unificado que se leyó sobre el cierre de la Jornada, se plantea que “La policía no sólo tiene la estructura estatal para torturar, asesinar y desaparecer: también el encubrimiento político de todos los estamentos del poder para garantizarse la impunidad. Sólo luchando con absoluta independencia de cualquier gobierno de turno puede quebrantarse ese poder”.
En otro tramo el documento expresa que “El Estado volvió a demostrar que la maquinaria que funcionó en la última dictadura cívico-militar nunca se desmanteló con el retorno de la democracia: sus instituciones sostienen la misma perversidad de forma selectiva e invisibilizada”.
Y añade: «El nuevo gobierno asume con una intencionalidad más que clara, la emergencia en seguridad a nivel nacional sólo puede explicarse comprendiendo la impronta represiva que se gesta para los próximos cuatro años, junto al intento de imponer un protocolo antipiquetes que no es más que la vía libre para deslegitimar y reprimir las protestas de los trabajadores. El crecimiento del aparato represivo y todas las fuerzas provinciales junto a la creación por decreto de las policías locales en “la década ganada”, es la herencia que necesitaba el macrismo para incrementar los operativos de saturación que para la juventud pobre no son más que control, verdugueo, golpizas, detenciones ilegales y torturas. El gobierno saliente dejó servida en bandeja la estructura para ejecutar la violencia que garantiza el disciplinamiento de los trabajadores: 45 mil policías bonaerenses a los que se sumaron más de 25 mil locales».
