No es azaroso que, cerca de cumplirse los 30 años de democracia, se hayan realizado protestas y sublevaciones policiales simultáneamente en 17 provincias, y que en cada una de ellas se realicen inmediatamente saqueos a los comercios con una logística que no se puede atribuir a la mera espontaneidad. Qué puede ser más conveniente para fortalecer un acuartelamiento policial que demostrar la urgente necesidad de su presencia en las calles.

Si bien apoyamos el justo reclamo de mejorar la situación salarial de los efectivos para ellos y sus familias, rechazamos las metodologías utilizadas, que han dejado en estado de indefensión a la población.

Estas protestas que incluyeron tomas de casas de gobierno, junto a los simultáneos saqueos, constituyen una extorsión a los gobiernos provinciales y una desestabilización a la democracia, al buscar transmitir el mensaje: «o nos hacen caso o se viene el caos social».

En América Latina hay muchos antecedentes de intentos de desestabilización institucional por parte de la policía que se ocultaron detrás de reclamos salariales. Está el caso de Ecuador, cuando atentaron contra la vida del presidente Rafael Correa. Y el caso de Bolivia, cuando intentaron deponer al presidente Evo Morales, con los alzamientos de grupos armados en Cochabamba y en las provincias de la Media Luna.

Las fuerzas de seguridad tienen caminos institucionales para resolver los conflictos y reclamos salariales. Junto con las condiciones laborales hay que cambiar la matriz de las bases profesionales del trabajo policial de la mano de un proceso asociativo que permita la toma de conciencia profesional, y exigencias salariales sensatas por vías institucionales más allá de la actitud de las cúpulas policiales.

Pero lo que no puede suceder bajo ninguna circunstancia, es que el poder político, portador del mandato popular, se someta a la insubordinación violenta de la fuerza policial. Este debe actuar dentro de la ley y sancionar a los responsables del alzamiento contra las instituciones del Estado.

No es posible que los gobernantes se sometan a sectores policiales que contienen mafias responsables de la inseguridad por su complicidad con el delito organizado del comercio de las drogas, la trata, trabajo esclavo, robo de autos, incluyendo torturas y zonas liberadas. Por eso debe investigarse la relación entre las protestas y la ola de saqueos simultánea.

Por otro lado, también resulta muy grave que el Gobierno Nacional quiera disuadir y criminalizar cualquier reclamo social con un comando conjunto de operaciones de fuerzas de seguridad a nivel nacional, mientras niega bonos salariales, actualización de planes sociales, y refuerzos a los jubilados. Una vez más su relato de modelo virtuoso para el pueblo argentino entra en crisis. Más aún teniendo en cuenta que no escatima en beneficios para las corporaciones como Monsanto, Barrick Gold, Chevrón y Repsol, a la que le pagaremos 5.000 millones de dólares de indemnización por querer ser soberanos.

El país cumple 30 años de democracia con muchas luces y sombras, y la debemos fortalecer, tengamos en claro que la democracia no se regala y tampoco es un mero acto electoral, son espacios a construir con más igualdad y participación ciudadana, y todos somos parte responsable.