Un sobreviviente estuvo en el centro clandestino de detención que funcionó en esa fábrica en Villa Constitución. El juzgado pidió a la Inspección General de Justicia la nómina con los integrantes de los directorios entre 1975 y 1983. Y separó la causa para impulsar un juicio independiente.

Jorge Víctor Martín tenía 19 años la noche del 20 de junio de 1975, cuando las fuerzas policiales lo secuestraron. De su casa en Villa Constitución lo trasladaron al centro clandestino de detención que funcionaba adentro del predio de Acindar. Lo que hasta ese momento era el albergue de solteros de la metalúrgica se convirtió, junto con “La Escuelita” de Famaillá (Tucumán), en uno de los primeros centros de tortura de la Argentina. Fueron días sangrientos en esos pagos santafesinos, donde la Triple A desplegó el “Operativo Serpiente Roja del Paraná”. La acción buscaba disciplinar al movimiento obrero de la industria metalúrgica. Un año antes, los gremialistas de base de la ciudad se habían rebelado contra la conducción de UOM, que mantenía intervenido el sindicato local. Popularmente lo recuerdan como “el Villazo”.

El de Jorge Martín no fue un caso aislado: formó parte de las más de trescientas detenciones que comenzaron el 20 de marzo del 75, cuando cuatro mil efectivos de distintas fuerzas, más de cien Ford Falcon y hasta algunas tanquetas sitiaron la ciudad de Villa Constitución. Pasaron años, décadas. A fines de 2009, tres protagonistas de aquella lucha obrera iniciaron la querella por la que se comenzó a investigar la represión de los militares y de los grupos paramilitares.

La denuncia penal tiene una particularidad: los sindicalistas metalúrgicos Alberto Piccinini y Juan Actis, junto al dirigente ferroviario Carlos Sosa, no denunciaron sólo a un puñado de uniformados. Apuntaron también contra José Alfredo Martínez de Hoz, María Estela Martínez de Perón, y fueron por “la totalidad de los miembros del directorio de la empresa ACINDAR S.A. al 20 de diciembre de 1975”, tal como indica la acción penal a la que accedió Infojus Noticias.

El periplo de dos hermanos en cautiverio

Analía Martín, hermana de Jorge Martín y sobrina del legendario dirigente del Partido Comunista y obrero ferroviario Tito Martín, tenía dieciocho años ese jueves 19 de junio del 75. Unas horas antes de que secuestraran a su hermano, volvía de estudiar con tres amigos y había bajado del auto para buscar un abrigo en el “barrio viejo” –así le decían a los chalets blancos de tejas ubicados en el predio de la fábrica-. Cuando quiso regresar al vehículo, un grupo de militares lo revisaba. La detuvieron: habían encontrado documentos en los que Analía, Jorge y otros compañeros juntaban firmas para exigir la liberación de los detenidos del 20 de marzo. Algunos ya habían sido asesinados.

A la noche fueron directo a la casa de Jorge. Él y su hermana fueron conducidos al lugar que hasta ese momento había funcionado como el albergue de solteros de la fábrica: un edificio dentro del inmenso predio de Acindar donde podían quedarse los empleados jerárquicos de la siderúrgica. Con los ojos vendados, los hermanos fueron torturados y sometidos a simulacros de fusilamiento. Tres veces debió pararse Jorge Martín ante los fusiles aquella noche, para escuchar los balazos que impactaban a su alrededor.

Al día siguiente Analía fue trasladada a las dependencias de la Policía Federal en Rosario. Después estuvo detenida en la Jefatura de la policía provincial. La mayor parte de su cautiverio transcurrió en los sótanos, con visitas al “pozo” del Servicio de Informaciones cada vez que querían torturarla e interrogarla. Salió ese mismo año, 1975.

En cambio Jorge permaneció en un calabozo de Prefectura -donde cumplía el servicio militar obligatorio hasta el momento de su detención- hasta la Nochebuena de 1978. Estaba solo, detrás de una puerta de hierro ciega y maciza. De vez en cuando, si sus guardias querían, le permitían salir para ir al baño, siempre custodiado. Algunos días le acercaban una olla de guiso de la que ya habían comido los perros. Si quedaba algo, era su alimento.

Aunque no figuraron en casi ningún registro, Analía y Jorge Martín estuvieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional poco después de su detención. Jorge recuerda que fue Aníbal Gordon quien, en medio de los interrogatorios y torturas dentro del centro clandestino de Acindar, ordenó: “blanqueen a estos pibes”. Gordon era un delincuente de poca monta, devenido en mandamás de la Triple A. Lo reconoció por fotos, muchos años después.

Ayer: justicia con botas

Al pasarlo a disposición del PEN, a Jorge Martín le abrieron una causa judicial. Lo acusaron de “subversivo”, con la prueba de un acta policial que informaba haber encontrado veintiséis panfletos de Montoneros al allanar su casa. Pero Jorge Martín era un militante comunista: no conciliaba con la organización peronista.

Después del golpe del ’76, el que había sido su abogado defensor fue nombrado juez. No se excusó cuando le cayó el expediente de lo que hasta hace poco era su causa. Por el contrario, condenó a Jorge Martín al doble de la pena pedida por el fiscal. Apelado el fallo, la Cámara pidió las pruebas –que nunca habían existido-, pero la Policía argumentó que “las habían comido los ratones en el depósito”. Tuvieron que soltarlo, pero vivió un año más con libertad vigilada.

Con el retorno a la democracia, Villa Constitución volvió a ser un polo de ebullición política. Los que militaban en los años previos a la dictadura volvieron a la carga para recuperar la regional de la Unión Obrera Metalúrgica. En 2009, Analía Martín fue electa concejal por el Partido Socialista en Villa Constitución, pero falleció pocos días después de renovar su cargo.

Hoy: juicio contra Acindar y Martínez de Hoz

Durante cuatro años el juicio avanzó poco y nada. La causa se movió por varios juzgados hasta que se hizo caso a la petición que la misma denuncia contenía: que fuera a parar al despacho del juez Norberto Oyarbide, para ser “radicada por conexidad” junto otra denuncia contra Martínez de Hoz, un expediente iniciado en 2006. Oyarbide recibió la denuncia, pero en vez de anexarla con el expediente de Martínez de Hoz, la juntó con la de otros crímenes de la Triple A.

El mes pasado, Oyarbide decidió dar marcha atrás con esa anexión. Separó la causa para darle un nuevo impulso como juicio independiente. Al mismo tiempo, pidió a la Inspección General de Justicia la nómina con los directorios de Acindar de 1975 en adelante, hasta el retorno a la democracia. De esa forma, demostró intención en investigar la responsabilidad de la empresa y sus directores sobre los crímenes cometidos a partir del Operativo Serpiente Roja y durante toda la dictadura.

“La mayoría de los acusados están muertos”, lamentó Jorge Martín ante la visita de Infojus Noticias. Y agregó que “se perdió mucho tiempo” desde que se cometieron los delitos. Sostuvo que “los militares compartían una posición ideológica y eran socios de los empresarios y los grupos económicos”, y que aunque la Justicia ha avanzado mucho en los juicios contra los militares, “se ha demorado mucho en el juzgamiento del sector civil e ideológico del golpe”.

Son más de cincuenta las personas asesinadas y desaparecidas hasta mediados de 1977. Pero la nómina que reconstruyeron los militantes todavía no está completa. Será tarea de Oyarbide reconstruir esa lista y sacar la verdad a la luz.

Fuente: : Franco Lucatini, www.infojusnoticias.gov.ar