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Proyecto por derechos mínimos para las villas de la Ciudad

Redaccion by Redaccion
21 septiembre, 2019
in Ciudad, destacadas, Noticias, Portada
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Proyecto por derechos mínimos para las villas de la Ciudad
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En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde hace años se habla de la urbanización de las villas y de la inclusión de los vecinos que viven en ellas como una meta que el Gobierno porteño nunca alcanza, aunque siempre la promete. De hecho, se han realizado algunas obras públicas que quienes habitan y transitan los barrios más populares y populosos de la Ciudad denuncian como mero maquillaje, oportunismo político o negocio de amigos del poder, haciendo notar también la durabilidad de las obras, su constancia, finalización o real utilidad para los barrios.

* Por Matías Levin

La unilateralidad en la toma de desiciones, la falta de escucha a los problemas reales que denuncian los vecinos, los efectos nocivos sobre la vida y cotidianeidad de esas familias, son algunas de las realidades que se intentan modificar desde las organizaciones de los barrios a través de un proyecto de ley para garantizar una serie de derechos mínimos para las villas de la Ciudad.

El pasado jueves 19 de septiembre -convocado por la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), PIUBAMAS y CTAA Capital- en el marco del Seminario de Servicios Públicos y Barrios Populares, se llevó a cabo la primera Jornada de Discusión del proyecto de Ley De Derechos Mínimos para los procesos de urbanización de los barrios populares de la Ciudad de Buenos Aires.

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En diálogo con Eva Koutsovitis, integrante del Frente de Organizaciones Salvador Herrera (FOSH) en la CTA Autónoma Capital y Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Facultad de Ingeniría de la UBA, la especialista explicó que esta propuesta “se viene gestando desde hace mucho tiempo de manera colectiva desde las organizacines sociales, territoriales y desde las diferentes mesas de urbanización en cada barrio, donde se viene observando que los procesos de urbanización e integración sociourbana que se están llevando adelante presentan dificultades, no logran ser exitosos y no presentan un mismo estandar para todos los barrios”.

“Ante este panorama” -asegura Koutsovitis- “nos pareció oportuno desde la Cátedra incorporar una serie de derechos que inicialmente no habían sido contamplados en otros proyectos y para lo cual fuimos recopilando distintas propuestas y le fuimos dando forma de un proyecto de ley que establece pisos mínimos o presupuestos mínimos para poder garantizar la inclusión social y la integración urbana en estos procesos, evitando asimetrías entre las diferentes leyes particulares que tienen los barrios y también respecto a las particularidades que cada uno de estos procesos involucran”.

La CLIC, tiene entre sus objetivos construir espacios de intercambio de los distintos saberes, articular la universidad pública con los distintos sectores populares, generar ámbitos donde todos los saberes tengan el mismo valor, y para ello viene trabajando junto a las organizaciones sociales para intentar resolver el problema de la falta de agua potable, saneamiento cloacal, accesibilidad a otros servicios públicos y otras problemáticas de los barrios populares en su conjunto, buscando la integración social y urbana al resto de la Ciudad.

Este proyecto surge a partir de la observación de las fallas del sistema que se viene implementando y las diferencias que se observan en las intervenciones en cada barrio, dado que las leyes que se han ido sancionando durante la gestión del macrismo no son equivalentes y por lo tanto establecen distintos tipos de derechos.


Al respecto, Koutsovitis afirma que «actualmente hay un borrador de ley para el barrio Ramón Carrillo en el cual hemos podido incorporar la paridad de género en el porcentaje de mano de obra local que se contrate en el marco del proceso de urbanización. Ese artículo no está presente en el resto de las leyes que se fueron sancionando. A su vez, hay antescedentes en los que sí existe alguna contemplación al respecto, como en la ley del barrio Rodrigo Bueno, pero que no establece paridad sino un cupo, un porcentaje de esos puestos de trabajo para las mujeres. En el resto de las leyes ni siquiera se menciona la incorporación de las mujeres como protagonistas activas en estos procesos. O sea, se fue creciendo en los niveles de participación, en la discución y la acción, pero las leyes que se habían sancionado quedaron obsoletas en este sentido, ya que ninguna establece o incorpora perspectivas de género y para nosotros es fundamental ya que en estos barrios el 85 por ciento de los hogares son sostenidos por mujeres».

La realidad es elocuente: Si observamos el porcentaje de mano de obra que debe contratarse en el marco de estos procesos de intervención en los barrios, no contempla ningún porcentaje. Recién la que se sancionó para el playón de Fraga y Rodrigo Bueno (en marzo de 2017), incorpora un 20 por ciento de contratación de mano de obra local. Luego se sanciona la ley Nacional de Urbanización de Barrios Populares que establece que se debe contratar el 25 por ciento de la mano de obra local pero aún así no contempla género. «Por eso – interviene Koutsovitis – lo que estamos planteando es un piso de igualdad de derechos, que como mínimo incorpore ese 25 por ciento de mano de obra local y dentro de ese porcentaje la paridad de géneros».

Para la CLIC la dimensión del trabajo no ha sido incorporada en ninguna de las leyes que se han sancionado y es clave a la hora de entender la integración social y la incorporación con perspectiva de inclusión. En ese sentido, aseguran que hay muchos trabajos que se deben reconocer: todos los trabajos comunitarios que en general llevan adelante las mujeres, como son las promotoras de espacio público o de salud, las veedoras y veedores de obras de infraestructura y otras.
Como ejemplo de ello, la especialista cita que junto con la CTAA Capital y otras organizaciones se ha dictado un curso en la propia Facultad de Ingeniería de la UBA para formar más de 150 referentes comunitarios como veedores y veedoras de obras de infraestructura que esta nueva ley debe incorporar para garantizar el ejercicio de ese derecho ciudadano al control de las obras de infraestructura.

“Hay muchas dimensiones que no han sido tenidas en cuenta”, postula Koutsovitis, “en particular las que tienen que ver con el trabajo como perspectiva de inclusión e integración que para nosotros es clave. Pero otro de los aspectos que no han sido tenidos en cuenta en leyes anteriores tiene que ver con los servicios públicos, ya que estos procesos van generando progresivamente la formalización de la conexión a esos servicios. Pero entonces ¿Qué pasa con esas familias que se conectan formalmente a los servicios públicos y que no cuentan con un sistema de tarifa especial? Lo que estamos proponiendo en este borrador de proyecto de ley, es que haya un período de eximición del pago de los servicios públicos de diez años que, además, tiene caracter compensatorio ya que quien hoy vive en un barrio popular no puede elegir conectarse o no formalmente a un servicio público: el acceso le es denegado ya que el propio Estado no lleva adelante las obras para que exista siquiera esa posibilidad.”


“Por otro lado, pero en el mismo sentido, las familias que son relocalizadas en el marco de estos procesos de urbanización y se mudan a otras viviendas deben afrontar de un momento a otro una serie de gastos que incluyen, no solo el pago de servicios, sino el pago de las cuotas de esa nueva vivienda y el mantenimiento de los espacios y servicios comunes, lo que comporta un shock económico que muchas veces no tiene correlato con los ingresos familiares y va generando en realidad un proceso de expulsión oculto vajo el titulo de urbanización con inclusión”, explica la compañera.


Quien además agrega: “Otra cuestión que no fue tenida en cuenta en leyes anteriores tiene que ver con los pequeños emprendimientos productivos y económicos que tienen las familias, que no son contemplados en las relocalizaciones. Por ejemplo, aquellas familias que tenian un taller, un comercio u otro tipo de emprendimiento productivo en una parte de su vivienda, al momento de ser relocalizadas pierden toda esa infraestructura propia, limitando su economía. En ese sentido estamos proponiendo que se incorporen distintos mecanismos para poder garantizar ese tipo de ingresos en las familias. En el caso de la villa 20, en la marco de la Mesa Técnica de Gestión Participativa, se está evaluando implementar un polo textil en donde las familias del barrio tendrían prioridad. Eso a su vez habría que acompañarlo desde la Legislatura de la Ciudad con una ley de «Compre Social» que hace muchos años venimos impulsando desde las organizaciónes para que la producción resultante de estos emprendimientos, tenga un destino, que el Estado compre esta producción o le de prioridad y no siempre sea un negocio con los privados. Por todo esto, decimos que la dimensión del trabajo y del desarrollo productivo de las economías familiares en estos procesos son clave, porque de lo contrario, sin trabajo, sin sustento ni acceso a derechos básicos, no hay integración urbana posible.”

Este borrador de proyecto de ley intenta incorporar todos estos derechos, pero también contiene capítulos como diagnóstico integral, protección histórica, inejecutabilidad e inembargabilidad de viviendas, administración de nuevos consorcios gratuita, prohibición de desalojos forzozos, programas de fortalecimiento de las economias familiares y mucho más.


Todo lo discutido y evaluado en la jornada del jueves 19 durante los talleres y la posterior audiencia ciudadana junto a los y las referentes sociales de los distintos barrios, legisladores, funcionarios y candidatos, se agregará a este borrador para conformar el proyecto de ley definitivo que se presentará en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ya que resulta clave tener una ley de presupuestos mínimos que garantice un conjunto de derechos que van acordes al paradigma de lo que tiene que ver con el Derecho al Buen Vivir en la Ciudad, que esta planteado en el capítulo 1 de esta propuesta.

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