Misiones de observación internacional y nacional desplegadas en Bolivia documentaron constantes y reiteradas violaciones a los derechos humanos desde que se produjo el golpe de estado en noviembre de 2019. Las masacres en Sacaba y Senkata continúan impunes. Los usurpadores del poder se niegan a convocar a elecciones.
* por Nicolás Honigesz
El 12 de noviembre de 2019, la senadora Janine Añez asume interina e inconstitucionalmente la presidencia de Bolivia. En uno de sus primeros contactos con la prensa prometió llamar a nuevas elecciones en un periodo de 90 días y no ser candidata. Incumplió ambas. Desde su asunción, la violencia institucional, las restricciones a la libertad de expresión y la persecución a líderes y militantes opositores fueron moneda corriente.
Las innumerables y sistemáticas violaciones a los derechos individuales y colectivos son las prácticas que caracterizan al gobierno de Añez y pusieron en alerta a los múltiples organismos internaciones de derechos humanos, que realizaron informes y sacaron conclusiones lapidarias para con gobierno de facto en la materia.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, MIchele Bachelet, recomendó al gobierno interino de Bolivia acatar temas pendientes, entre ellos, la protección de los pueblos indígenas y el respeto de los derechos civiles y políticos ante denuncias de hostigamiento a la oposición. En una carta enviada a la cancillería, la expresidenta de Chile enumeró 29 temas prioritarios en materia de derechos humanos que emergen de los informes y recomendaciones del examen periódico que realizó la organización al Estado boliviano.
“La violencia socio política generalizada que se desencadenó en los períodos previo y posterior a las elecciones generales, caracterizada por la polarización, la hostilidad y el odio en las relaciones sociales, fundados en la discriminación, la intolerancia y el racismo, se ha registrado una serie de graves violaciones de derechos humanos de amplio espectro y lamentables consecuencias, mucho más allá del contexto de la protesta social, a nivel más estructural y fundamental de la sociedad boliviana, con profundas repercusiones sobre la vida cotidiana del país”, relata Juan Pablo Bohoslavsky uno de los expertos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, uno de sus expertos, informo:
El aparato represivo del Estado se hizo sentir en la constante persecución y cacería a periodistas, líderes sociales, defensores de Derechos Humanos, partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de organizaciones sociales o territoriales afines al ex presidente Evo Morales.
Además, las declaraciones públicas de los funcionarios del gobierno de facto criminalizaron a militantes, funcionarios y dirigentes del MAS. Las acusaciones de sedición y terrorismo se generalizaron. A inicios de 2020, más de 100 políticos cercanos a Morales habían sido detenidos y otros 600, incluidas sus familias, se encuentran bajo investigación sin las debidas garantías procesales. Siete exministros de Evo se encuentran asilados en la Embajada de México en La Paz desde noviembre del año pasado, sin que el gobierno otorgue los salvoconductos.
También la defensoría del Pueblo del Estado Plurinacional de Bolivia ha trabajado con eficacia, a pesar del amedrentamiento que recibe del gobierno, en documentar las violaciones a los derechos humanos en Bolivia. En el detallado informe que presentó este organismo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “durante el conflicto poselectoral se suscitaron 1.504 arrestos y/o aprehensiones ilegales, dentro de los cuales se han verificado amenazas, intimidaciones, tratos crueles e, inclusive, torturas. En su momento, no se permitieron entrevistas con los familiares de los arrestados, ni tampoco se contaba con registros de detenidos y se utilizaban las figuras de arresto y/o aprehensión bajo un criterio discrecional por parte de la Policía Boliviana, inclusive contra menores de edad. No hubo autoridad judicial o fiscal que ejerza control de garantías o preserve el debido proceso. Fuimos la única institución que intervino para reclamar las vulneraciones, razón por la cual fuimos sujetos de hostigamiento. Estos hechos corresponden a la acción u omisión del Estado, que fue monitoreada ininterrumpidamente por la Defensoría del Pueblo en hospitales, centros de detención, establecimientos policiales, entre otros, donde hemos encontrado patrones comunes de la represión estatal, policial y militar que derivaron en masacres”.
También ofende la presencia de grupos de choque de extrema derecha, protegidos por las fuerzas de seguridad, y alentados desde el gobierno de facto, que intimidan a la población que lucha por la restauración democrática. El ejemplo más desgarrador se produjo en noviembre de 2019 cuando secuestraron a la alcaldesa de Vinto, Patricia Arce. La arrastraron por la calle, le arrojaron pintura roja, le cortaron el cabello y la amenazaron con matarla si no renunciaba a su cargo. Salvo su vida de milagro. La CIDH le otorgó medidas extraordinarias de protección y advirtió a Añez para que le proporcione protección.
Masacres de Sacaba y Senkata
La delegación de CIDH que visitó Bolivia corroboró que en las protestas de noviembre de 2019 en las localidades de Sacaba (Cochabamba) y Senkata (El Alto) murieron 35 personas, otras 800 resultaron heridas y al menos 360 personas fueron detenidas por el accionar de fuerzas combinada de la policía y ejército. La propia Comisión las calificó como “masacres”.
Sacaba, el 15 de noviembre y Senkata, cuatro días después, serán recordadas como las jornadas más oscuras y dolorosas para la historia de Bolivia. Como en dictadura o en tiempos neoliberales, policías y militares masacraron a mansalva a la población civil.
Algunos de los crudos testimonios recopilados por el periodista brasileño Leonardo Wexell Severo en Sacaba dan cuenta de la magnitud de la matanza.
“Era un viernes 15 de noviembre y estábamos miles en una marcha pacífica desde el Trópico cuando nos detuvieron en el puente Huayllani, en Sacaba, nos impidieron ir con nuestro wiphalas [banderas de los pueblos indígenas] a Cochabamba. Los policías nos dijeron: esperen, porque en media hora podrán pasar, pero pronto cuatro o cinco aviones de combate aparecieron y, de la nada, los soldados comenzaron a gasificarnos desde helicópteros y abrir fuego con sus rifles. No teníamos nada con qué defendernos ni cómo proteger a nuestras familias. Había niños. Hasta ahora, hay diez muertos, más de 200 heridos (80% con disparos) y nueve compañeros siguen siendo humillados diariamente”, declaraba entonces Juan Fernández al periodista
El Departamento de Derechos Humanos internacionales de la Facultad de Derecho de Harvard de los Estados Unidos y la Red Universitaria de Derechos Humanos entrevistaron a 220 personas en Bolivia. Todos los relatos coinciden en el uso de fuerza letal por parte de la policía y el ejército contra manifestantes desarmados. El informe subraya que “se violó el derecho a la vida”.
También denuncia la falta de una investigación sobre los hechos y la falta de acceso y la no respuesta de la justicia. No hay investigación en curso de las masacres de Sacaba y Senkata. Esta obscena omisión se debe a la protección que el gobierno de facto le brinda a las fuerzas de seguridad. El 14 de noviembre Añez firmó el decreto 4078 que otorgaba inmunidad para la represión. Matar no tendría consecuencias en los tribunales. El repudio por esta norma ilegal recibió condenas dentro y fuera de las fronteras de Bolivia. Fue finalmente derogada.
Añez, en caída libre
Una encuesta realizada entre el 1 el 17 de junio 2020 por la Friedrich Ebert Stiftung (FES) muestra el deterioro sostenido de la gestión Añez. El 78,68% de los bolivianos opina que el gobierno ejerce persecución política; el 37,50% está convencida que la violencia institucional puede repetirse y el 61,03 % cree que la violencia y los enfrentamientos no fueron superados. El 71,32 concuerda en que el gobierno utiliza la emergencia sanitaria para penalizar la disidencia y la libertad de expresión.
La pésima gestión del gobierno interino sumerge a Bolivia en una crisis política, social, económica, sanitaria y de representatividad. El clima de tensión tras la tercera postergación (18 de octubre) de las elecciones, que se suma a la crisis sanitaria da calamidad por la pandemia del COVID-19, ubica de Bolivia ante un futuro incierto.
Mientras tanto, todas las encuestas dan como ganador a Luis Arce, candidato del MAS, el gobierno interino intenta proscribir al MAS y judicializar a Arce. A pesar de que el proceso electoral se dilata, el pueblo boliviano muestra capacidad de resistir con el objetivo de recuperar la democracia en las urnas. La presión de organismos internacionales y la prensa extranjeras juegan un papel preponderante para que existan garantías de un proceso electoral transparente.
La pregunta es ¿podemos confiar en quiénes tomaron por asalto el poder, instauraron prácticas totalitarias para silenciar a los opositores, tienen las manos manchadas de sangre inocente, para tener un proceso electoral transparente? Solo la activa movilización del pueblo, la supervisión de organizamos internacionales creíbles (que no incluye a la OEA de Luis Almagro), de movimientos sociales y políticos progresistas y el rol de la prensa honesta garantizarán que Bolivia vuelva a una democracia donde el valor de la vida vuelva a ser sagrada.
