En los próximos meses se discutirá en la Ciudad de Buenos Aires la actualización de sus principales instrumentos normativos de planificación urbana y se aprobarán otros nuevos. Diferentes organizaciones del campo popular entre las que se encuentra la CTA Autónoma de Capital, impulsan la Campaña por una Carta por el Derecho a la Ciudad. ACTA dialogó con Jonatan Baldiviezo, integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
-¿De qué se trata la Campaña por una Carta del Derecho a la Ciudad?
La campaña, que va a ser lanzada este primero de agosto, tiene por objeto que entre distintas organizaciones y asambleas en las que venimos cuestionando las políticas urbanas que se vienen implementando en las últimas décadas en la Ciudad de Buenos Aires, nos organicemos y propongamos a la Legislatura porteña y al Gobierno una serie de principios y nuevos derechos urbanos a fin de que la Ciudad de Buenos Aires se sustente en ellos.
¿Por qué lanzan la campaña de derecho a la ciudad ahora?
Porque a fin de año en los próximos meses el gobierno va a poner a discusión los instrumentos de planificación urbana con los que cuenta la Ciudad de Buenos Aires y va a impulsar las sanciones de nuevos instrumentos. ¿De qué nuevos instrumentos estamos hablando? Por ejemplo del código de planificación que lo va a reemplazar por un código urbanístico, se pondrá en discusión un nuevo código de edificación, un código ambiental y estos códigos tienen por objeto regular todo lo relacionado a la planificación de la ciudad, por ejemplo donde se van a construir edificios altos, donde va a haber espacios verdes, hasta dónde las personas van a construir en sus terrenos, cuál va a ser la orientación que se le va a dar al mercado inmobiliario, qué tipo de construcciones se van a permitir en la ciudad de Buenos Aires y cuáles no; y, ese tipo de normas deriva luego en cuestiones que tienen que ver con la calidad de vida. Cómo se prestan los servicios públicos, cómo la ciudad se organiza frente a las inundaciones, cómo la planificación urbana impide o evite que sigan proliferando nuevas villas en la ciudad de Buenos Aires, que estas villas sigan aumentando su cantidad de población. Son instrumentos legales de planificación que tienen incidencia vital en la vida de los porteños.
-¿Qué incidencia tienen las organizaciones sociales y populares en las legislaciones?
En la Ciudad de Buenos Aires se estableció que la planificación de la ciudad tendría que ser participativa, dentro del eje de una democracia participativa. Lamentablemente en los últimos años la planificación estuvo más dirigida en forma autoritaria por el gobierno en complicidad con los grandes desarrolladores inmobiliarios. Son estos desarrolladores los que impulsan las políticas urbanas con el único interés de adquirir mayor rentabilidad usando la Ciudad de Buenos Aires y sus leyes. Lo que nosotros queremos impulsar con esta campaña es que la democracia participativa sea real, los que discutamos la planificación urbana de la ciudad sean las organizaciones, las asambleas, las comunas (que están desdibujadas en la organización actual de la ciudad) y que a partir de allí empecemos nosotros, los que vivimos y sufrimos las malas políticas de planificación de los últimos años a proponer alternativas de cómo gestionar y construir una nueva Ciudad de Buenos Aires.
-Y hay un déficit habitacional muy grande en la Ciudad de Buenos Aires: medio millón de personas viven en villas o asentamientos precarios y hay cerca de 300 mil departamentos vacíos
Sí, la ciudad de Buenos Aires tiene una grave crisis habitacional, también tiene una grave crisis ambiental. Son ciertos los datos que brindás, el gobierno de la ciudad reconoce que existen 270 mil personas viviendo en asentamientos informales, en villas; nosotros desde las organizaciones calculamos que existen más de 500 mil personas que actualmente están viviendo en las villas, existen más de 10 mil personas que están en situación de calle y otra decena de miles que están viviendo en conventillos, inquilinatos y hoteles ocupados. Pero también existe una grave crisis ambiental. Muchas de las comunas tienen un déficit de espacios verdes. El espacio público está siendo apropiado por privados y por empresas.
Desde que asumió la gestión del PRO a gobernar la Ciudad de Buenos Aires se han privatizado más de 200 hectáreas de tierra pública, 200 hectáreas que equivaldrían a casi toda una comuna. Muchas de esas tierras fueron concesionadas y otras tantas fueron vendidas. Y esta oleada privatizadora del PRO continúa. El actual jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta ha anunciado nuevos terrenos que quiere poner a la venta, como los terrenos del Tiro Federal, los terrenos del empalme norte. Cada una de las políticas de infraestructura grandes que ha anunciado el actual jefe de Gobierno está involucrada con la venta de tierras públicas para financiar esas obras. Esta oleada privatizadora va a continuar en los próximos años y es una de las políticas de planificación urbana más negativa que está teniendo la Ciudad de Buenos Aires ya que para regular el mercado, para mitigar este déficit fiscal la Ciudad necesita tener un banco de inmuebles y no al contrario, como se está haciendo ahora que se está descapitalizando de tierra pública.
