La docente Anaclara Frosio relata la situación que atraviesa el Bachillerato Popular Alberto Chejolán de la Villa 31 bis: aunque tiene reconocimiento ministerial, no fue censado, por lo que no recibiría fondos. Precariedad edilicia y más de sesenta jóvenes sin educación.
Como respuesta a la crisis, allá por 2004 surgieron los bachilleratos populares, un modo de acercar la educación a los barrios más necesitados.
En ese contexto y frente a la necesidad, nació la UGEE N°20 Bachillerato Popular “Alberto Chejolán” en 2012, en el Barrio Padre Carlos Mujica en la Villa 31 bis. El Gobierno de la Ciudad aprobó recientemente el proyecto de reurbanización. Lejos de mejorar, deja por fuera al Bachillerato, ya que no se encuentra censado.
“Desde 2012 hasta hoy venimos sosteniendo una escuela a pulmón y durante todo 2015 dimos una pelea que terminó torciendo la voluntad del macrismo en la Ciudad de no reconocer las escuelas. Logramos que nuestro Bachillerato y otros cinco más sean reconocidos como escuelas populares oficialmente en el ámbito de la gestión estatal”, señaló Anaclara Frozio, de la CTA Autónoma Capital y docente de la institución.
La escuela fue reconocida oficialmente y los títulos de quienes egresan permiten acreditar la trayectoria escolar. Sin embargo, la institución no fue reconocida ni censada por la Secretaría de Integración Social y Urbana.
“Desde que la Secretaría llegó al barrio hemos tenido audiencias. Sin embargo, no estamos dentro del censo ni fuimos reconocidos como institución educativa en ninguno de los ámbitos. Nuestra escuela no ha sido tenida en cuenta ni ha sido sujeto de políticas de mejoramiento edilicio que en nuestro caso son fundamentales”, destacó Frozio.
El Bachillerato tiene la particularidad de que quienes estudian allí en su mayoría son mujeres. Funciona como institución educativa pero a su vez permite que muchas madres puedan asistir con sus hijos e hijas.
Pese a que las condiciones estructurales del espacio son sumamente precarias, por sus aulas transitan diariamente alrededor de sesenta personas. Desde 2016, exigen a la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) que se los incorpore en los programas de mejoramiento pero, casi como una provocación, justo en frente el Gobierno de la Ciudad construirá un flamante edificio del Ministerio de Educación.
“Estamos denunciando con mucha preocupación que el censo está cerrado, y al no ser parte de las políticas de urbanización corre peligro nuestra escuela. Esta situación de precariedad no es nueva ya que desde que funcionamos muchas instituciones del barrio se sostienen gracias al compromiso de los vecinos y las vecinas”, sentenció la docente.
