Avanza el pedido de Jury contra el Defensor Sánchez Correa

El Dictamen, que no reviste carácter de vinculante, contó con los votos favorables de los Consejeros Juan Pablo Godoy Vélez (representante del Colegio de Abogados) y José Saéz Capel (representante de los Jueces), y con la disidencia de Agustina Olivero Majdalani (representante del Pro).

Debemos recordar que esta denuncia presentada de manera conjunta por la Asociación de Empleados del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires con 12 denunciantes, que en algunos casos trabajan actualmente en la Defensoría Nº 2 CAyT y en otros trabajaron allí hasta hace algunos meses, más 14 testigos que se han ido presentando a declarar en la sede del Consejo de la Magistratura, ponen de relieve la magnitud de los hechos denunciados y que se le endilgan al Defensor Sánchez Correa, como así también a los Secretarios Tomás Arceo y Paula Rodríguez, en cuyo caso, el proceso disciplinario de ambos funcionarios tramita por ante la Defensoría General.

“Acá tienen que ponerse de acuerdo para embarazarse”, “a vos ni se te ocurra quedar embarazada eh”, “por qué no se preocupan por la decoración de la oficina si eso es lo que hacen las mujeres”, “yo tengo que pensar que esto se hizo así o porque son unos hijos de puta o porque son unos pelotudos ¿cuál de las dos?”, “esto solo es obra de dos opas…”, “no voy a permitir que un pendejo y un boludo me tomen a mí de tarado, quien mierda se piensan que soy?”, “me tenés podrido, me haces un ruido que me molesta, un zumbido… andate de acá… andate”, “vos me debes todo a mí, yo te ascendí”, “el cargo ese donde vos estás, es mío, mío…”, “ese cargo es mío, me pertenece y yo ahí puedo nombrar a quien se me cante el orto”, “nunca más vas a volver a trabajar… te voy a quemar”.

Esas y otras frases son constantes en el trato que el Defensor Oficial Ramiro Sánchez Correa tiene con los trabajadores y trabajadoras de la Defensoría Nº 2 CAyT a su cargo. Desde que asumió, en el 2009, más de 20 trabajadores y funcionarios se fueron de esa dependencia por la violencia laboral. En la denuncia surge palmariamente que los hechos se ven agravados contra las mujeres.

En la denuncia se relata cómo a una trabajadora embarazada, mientras la insultaba con toda clase de improperios, llegó a lanzarle expedientes al piso y ésta se vio obligada a levantarlos. A eso se suma la discriminación contra todas las mujeres embarazadas y las que ya eran madres. A las mujeres profesionales de la Defensoría, en consonancia con una estereotipación machista, les exige cumplir roles típicamente “femeninos”: servir café, encargarse de cuestiones de personal, de decoración y otros del estilo. Además, las trabajadoras deben soportar críticas sobre su aspecto personal y comentarios sobre su estado civil, todas acciones encuadradas dentro de lo que la Ley define como violencia laboral y simbólica contra las mujeres.

En la denuncia presentada también se detallan expresiones de Sánchez Correa respecto de aquellas personas que se acercan a la Defensoría buscando hacer valer sus derechos. “Si el legajo era de varón solo con HIV, el Defensor expresaba: ‘…ese debe ser puto” o preguntar si la ‘…señora era una pobre mujer o una de esas que solo abre las piernas para tener hijos’. La frase más recurrente del Defensor al momento de revisar los amparos es ‘sí, sí…. Ya sé: vino de Jujuy, es empleada doméstica…. Gana 20 pesos la hora. ¿Pero cómo puede ser? Mi empleada doméstica me cobra 25, claro, claro, todas dicen los mismo…”.

Las acciones denunciadas por los trabajadores y trabajadoras son claramente contrarias no solo a la Ley de violencia laboral (Ley 1.225), que existe en el ámbito de la Ciudad, sino especialmente condenadas por la Ley de protección contra la violencia hacia las mujeres (Ley 26.485). Exigimos se apliquen estas Leyes en las acciones que se le siguen a Sánchez Correa, y por ende se remueva al mismo de su cargo a través de un Jury de Enjuiciamiento.

Desde AEJBA «creemos que es una oportunidad única que se presenta a este Poder Judicial de la Ciudad, en sus apenas más de 15 años de historia, de poner un freno a los violentos. Hay que terminar de una buena vez y por todas con el Maltrato Laboral y la Violencia de Género, por eso pretendemos que ningún velo corporativo protector ni ningún poder político se interponga frente a un acto de justicia que repare el daño laboral y psíquico que ha venido causando esta persona sobre los compañeros trabajadores de la Defensoría Nº 2 CAyT».

Este jueves 6 de agosto se realizará el Plenario de Consejeros que ratificará, o no, el Dictamen que recomienda el Jury de Enjuiciamiento contra Sánchez Correa. De esta manera, el Consejo de la Magistratura de la Ciudad tendrá la oportunidad de decidir si este tipo de actitudes se consideran simples faltas disciplinarias o si son, como entendemos, incompatibles con el ejercicio del cargo de magistrado, y, por tanto, merecedoras de una investigación que pueda derivar en su remoción mediante el Jury de Enjuiciamiento, ya que un trato denigrante a los trabajadores, y en especial a las mujeres, es una conducta indigna de un defensor público, encargado paradójicamente de velar por el respeto de los derechos de los sectores más vulnerables de la Ciudad. Además de vulnerar de forma palmaria derechos humanos reconocidos en la Constitución Nacional, en particular el art. 14bis (condiciones equitativas y dignas de trabajo) como Convenios y Tratados Internacionales de Derechos Humanos suscriptos por la Argentina.

Así como la lucha de los trabajadores judiciales de todo el país logró la remoción por Violencia Laboral a través del Jury de Enjuiciamiento de las juezas Marta Raggio, en la provincia de Buenos Aires, y Graciela Rossi, en Neuquén, como así también de la fiscal Roxana Romero en Corrientes, «es nuestro anhelo que el resto de los Consejeros de la Ciudad de Buenos Aires estén a la altura de los desafíos que se presentan en este momento histórico ante la denuncia contra el Defensor Sánchez Correa, y que demuestren tener la misma valentía que mostraron los denunciantes para que podamos gritar todos bien fuerte: Basta de Violencia Laboral».