Ante los sucesos ocurridos en las últimas horas, tras la derrota sufrida en las urnas del gobierno en las elecciones del domingo y las acciones irresponsables del presidente Macri, la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina Autónoma, reunida en Comisión Ejecutiva Nacional, emitió el pronunciamiento que ACTA reproduce a continuación.
La reacción del Gobierno Nacional ante los resultados electorales de las recientes PASO constituye una extorsión inaceptable y un profundo desprecio por la voluntad popular. El golpe de Mercado iniciado ni bien finalizaron las elecciones primarias fue alimentado por las declaraciones, cuanto menos irresponsables, del Presidente de la Nación.
El Gobierno Nacional ha decidido imponer el terror económico como herramienta de su estrategia electoral, al tiempo que habilita una exacerbación y aceleración del saqueo de los recursos que aún existen en la economía nacional. La alternativa que pretenden ofrecer es entre la continuidad del actual proyecto económico o el caos que es promovido por ellos mismos. Se trata de un comportamiento profundamente anti democrático que debe ser rechazado por todas las fuerzas y organizaciones de nuestra comunidad, como viene haciendo nuestra CTA Autónoma desde el principio, en 2015.
Las medidas anunciadas hoy sólo están ligadas al cronograma electoral y siguen sin resolver, ni siquiera morigerar, la situación de empobrecimiento en que sumieron a nuestro pueblo las políticas económicas implementadas por el gobierno. Estas medidas dejan a una gran cantidad de trabajadores y trabajadoras por fuera de sus alcances, tales como quienes se desempeñan en el sector público provincial y municipal, jubilados y jubiladas no alcanzadas por el impuesto a las ganancias, y trabajadores y trabajadoras del sector informal o desocupados sin hijos a cargo, entre otros. La situación de jubilados y jubiladas es aún más grave, ya que han sido víctimas de un abandono sistemático a partir no sólo del recorte de sus haberes sino también de la pérdida de las prestaciones que les corresponden. En la misma situación se encuentran los beneficiarios de prestaciones por discapacidad.
Para quienes sí recibirán algún tipo de beneficio, se trata de medidas acotadas a los próximos dos meses que ya se están licuando por el crecimiento de la inflación y que desaparecerán por completo luego de la elección de octubre. Se trata de medidas que no resuelven los graves problemas de desocupación y pobreza, no ponen freno a los despidos, ni mejoran sustancialmente la situación de los sectores más postergados.
Por otra parte, los anuncios del Gobierno Nacional no implican ninguna afectación a los sectores que más se beneficiaron con la crisis actual, el sector financiero y la Banca, en particular. Las ganancias extraordinarias del sector exportador no han sido alteradas ni tampoco se ha avanzado sobre aquellos sectores que en los últimos años han acumulado y fugado grandes fortunas al exterior. El costo de las medidas dispuestas será afrontado con la reasignación de partidas del Estado Nacional, lo que implica la decisión de no capturar recursos del bloque económico dominante, sin resolver ninguna de las causas que originaron la crisis.
El responsable de la administración del Estado es el Gobierno Nacional y son sus funcionarios quienes deben hacerse cargo de adoptar medidas serias y consistentes que pongan freno al círculo de empobrecimiento en que se encuentra inmerso nuestro pueblo. La devaluación de la moneda, el crecimiento de la inflación, el brutal endeudamiento y el default al que ha sido llevada la Argentina sólo demorado por el acuerdo con el FMI, son consecuencias directas de la política económica implementada en los últimos tres años y medio, cuyo contenido ha sido rechazado contundentemente en los comicios. El Gobierno Nacional está obligado a tomar nota de ello y a implementar acciones urgentes para evitar que continúen deteriorándose el empleo y los salarios y que sigan incrementándose los niveles de pobreza e indigencia ya que a consecuencia del golpe de Mercado extorsivo en un solo día, 400 mil personas fueron arrojadas a la pobreza y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios ronda en el 25%.
No hay lugar para medias tintas. El Gobierno Nacional posee un mandato hasta el 10 de diciembre y es quien debe hacerse cargo de la situación. En caso de no estar en condiciones para ello, deberá dar un paso al costado y garantizar los mecanismos constitucionales para sostener la continuidad democrática.
Las medidas anunciadas y las declaraciones del Presidente de la Nación amenazan con dejar un escenario de tierra arrasada, condicionando así todo margen de autonomía política y económica para el gobierno que asuma el próximo 10 de diciembre. Resulta imprescindible ponerle fin, en forma inmediata, a este círculo vicioso que ha sido creado y alimentado desde el más alto nivel del Gobierno Nacional.
Frente a este escenario, desde la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma), nos declaramos en estado de máxima alerta y movilización e impulsamos la convocatoria al conjunto de las organizaciones sociales para llevar adelante las acciones que sean necesarias para ponerle fin de manera inmediata a estas políticas de ajuste y saqueo.
Firman el comunicado
Ricardo Peidro, Secretario General de la CTA Autónoma
Claudia Baigorria, Secretaria General Adjunta
Hugo “Cachorro” Godoy, Secretario General Adjunto
Contactos de prensa: Inés Hayes (1533631314)
Fuente: ACTA | www.agenciacta.org
