El ministro Bereciartua salió a denunciar la farsa de los falsos estacionamientos para personas con discapacidad. Los numeros que no menciona revelan 17 años de un gobierno que incumplió su propia ley de auditoría y dejó sin accesibilidad para personas con discapacidad al 67% de las estaciones de subte.
* Por Secretaría de Discapacidad de la CTAA Capital
El marketing del fraude llegó a la Ciudad. El ministro de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires, Pablo Bereciartua, salió publicamente a hablar de la farsa de los falsos estacionamientos reservados para personas con discapacidad. La movida forma parte de una línea que ya viene siendo utilizada desde el nivel nacional: el marketing del fraude, que consiste en hacer visible el abuso de unos pocos para opacar el incumplimiento sistemático del Estado hacia las personas con discapacidad. Una campaña de comunicación que levanta el dedo acusador mientras esconde la mano.
Los números del relevamiento: qué dicen y qué ocultan
Según el propio Gobierno de la Ciudad, el relevamiento detectó 272 espacios presuntamente irregulares sobre un total de 4.000 reservas en toda CABA. Eso representa el 6,8% del total. Una cifra que, presentada sin contexto, suena escandalosa. Con contexto, la historia cambia por completo.
En la Ciudad de Buenos Aires viven 374.605 personas con discapacidad, con o sin CUD, según los datos de los censos nacionales (el 12% de la población total de CABA). Esos 272 espacios cuestionados representan apenas el 0,0727% de esa población. Dicho de otro modo: el gobierno armó una campaña de comunicación por un problema que afecta a menos de un décimo de punto porcentual de las personas con discapacidad de la Ciudad.
Un derecho, no un privilegio: los números reales
El ministro usó la palabra privilegio para referirse al espacio reservado. Corresponde una corrección: según la Ley 2148, el estacionamiento reservado es un derecho otorgado por ley para compensar las desventajas que produce la discapacidad y garantizar el principio de autonomía. No es un favor del Estado; es una compensación para lograr la real inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad.
Además, ese derecho no aplica a cualquier persona con discapacidad. Según la normativa, solo corresponde a quienes tienen deficiencia motora en los miembros inferiores y se movilizan con muletas, andadores, sillas de ruedas o bastones. Ese grupo representa el 22% de la población con discapacidad de CABA: según datos oficiales de la propia Ciudad, unas 82.413 personas.
Para esas 82.413 personas hay 4.000 reservas: un espacio cada 20 personas con derecho. Pero el escándalo real no está en las calles — está en el 67% de las estaciones de subte que siguen siendo inaccesibles 25 años después de que la ley lo ordenara resolver.
La ley que el propio gobierno incumplio durante años
La Ley 2148 (Código de Tránsito de la Ciudad de Buenos Aires) establece en su artículo 7.3.10 que el Gobierno de la Ciudad tiene la obligación de auditar los espacios reservados y publicar trimestralmente la nómina completa de titulares en el Boletín Oficial, con nombre, domicilio y dominio del vehiculo.
La pregunta es simple: si esa obligación existe, si la ley es clara, si el PRO gobierna la Ciudad desde diciembre de 2007 ¿Por qué hay espacios asignados a personas fallecidas, con CUDs vencidos y documentación adulterada?
La respuesta también es simple: el último registro publicado en el Boletín Oficial data del año 2017. Ocho años sin cumplir la auditoria trimestral obligatoria. El Gobierno creó el problema al no controlarlo y ahora hace campaña por el mismo problema que generó su propia negligencia.
Un detalle más que el ministro omitió: si bien el Certificado Unico de Discapacidad (CUD) lo otorga el Estado Nacional, la Junta Evaluadora que certifica la discapacidad depende del Gobierno de la Ciudad. Es decir: el control del circuito completo, de la evaluación a la auditoria del espacio reservado, era y es responsabilidad porteña.
Subterraneos: el relevamiento que nunca llegara
Ministro Bereciartua: Subterráneos de Buenos Aires depende de su ministerio. Le recordamos que el Decreto Nacional 914 del año 1997 le dio 3 años al transporte subterráneo para ser plenamente accesible para personas con discapacidad y movilidad reducida. El plazo venció en el año 2000.
El PRO gobierna la Ciudad desde 2007. Han pasado 17 años de gestión. Y hoy, el 67% de las estaciones de subte de Buenos Aires sigue sin accesibilidad real para personas con discapacidad motora. Sin ascensores, sin rampas adecuadas, sin condiciones básicas para que 82.413 porteños puedan ejercer su derecho a moverse por la ciudad.
Las personas con discapacidad no reclaman un privilegio cuando suben al subte. Reclaman un derecho garantizado por ley desde hace 28 años, que el Gobierno de la Ciudad, 17 de ellos gobernado por el mismo espacio politico, no cumplió.
Conclusión: cuando la campaña es el problema
Doscientos setenta y dos espacios con irregularidades sobre 4 mil es, sin duda, un problema que hay que corregir. Pero es un problema menor que el Gobierno construyó con sus propios años de inacción auditora, y que ahora presenta como si fuera un descubrimiento.
El problema real es otro: 82.413 personas con discapacidad motora y solo el 33% de las estaciones son accesibles, cuando funcionan los ascensores o escaleras mecánicas. El problema real es: 28 años sin cumplir el Decreto 914 del año 1997, en las estaciones de subte. El problema real es: 8 años sin publicar la auditoría trimestral que exige la ley.
Pero claro, ese relevamiento no da para campaña.
