La movilización de ATE Congreso logró revertir el despido de cerca de 60 compañeros con discapacidad que se desempeñan en el Congreso Nacional. Las cesantías fueron parte del paquete de Ajuste dispuesto por la Vicepresidente Gabriela Michetti con más de 2000 despedidos en el Congreso Nacional. Dialogamos con Carlos Ferreres, secretario de Discapacidad de la CTA Autónoma.
* Por Miguel Aguirre
-¿Qué sucedió con los compañeros con discapacidad del Congreso Nacional?
Grabriela Michetti en el marco de los más de 2000 compañeros despedidos, dejó en la calle de manera injustificada a compañeros con discapacidad y a familiares trabajadores con discapacidad. Si se tienen en cuenta que en la población de personas con discapacidad la desocupación llaga al 90 por ciento esto es mucho más grave aún.
-¿En qué condiciones de contratación estaban estos compañeros?
Estaban precarizados y luego pasaron a Planta Permanente en el marco de un programa de integración laboral para el sector que estaba llevando adelanto el Congreso Nacional.
-O sea que los despidió al voleo como al resto de los trabajadores del Congreso.
Sí, y cometiendo una doble injusticia porque además viola la ley que exige al Estado tener al menos un mínimo del 4% del personal empleado con discapacidad. En este caso los compañeros afectados fueron cerca de 60.
-¿Cuál fue la reacción?
ATE Congreso inmediatamente se puso al frente del conjunto de los compañeros despedidos, reclamando que se revise legajo por legajo para reincorporar a todos y logró, al visibilizar la injusticia que se cometía además con los compañeros con discapacidad, que se revierta la medida: Michetti tuvo que dar marcha atrás y reincorporarlos ya que violaba la Constitución, la Comisión Interamericana.
-Fue determinante entonces la movilización de ATE.
Sí, es un logro, pero tenemos que advertir lo peligroso que es que esto suceda en el Estado. Acá hay una sindicalización importante y en consecuencia hay capacidad de defensa. Nuestra preocupación ahora está centrada en que esto no suceda en otros lugares como los prestadores de servicios públicos y las privatizadas que también deben cumplir el cupo del 4%. Un tema aparte es en el ámbito privado donde los compañeros están aún más vulnerables porque si el Estado habilita los privados tienen las manos libres.
