La nueva embestida del Gobierno Nacional para estigmatizar y perseguir a las personas migrantes, cristalizada en la modificación de la Ley de Migraciones 25.871 por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2017, redunda en una violación del contenido y del espíritu de la ley migratoria argentina que fue lograda gracias al consenso de un amplio arco de sectores sociales y políticos, y que ha sido una ley modelo para todo el mundo en relación al respeto de los derechos humanos.
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El decreto extiende las causas que permiten la detención y expulsión de migrantes en situación irregular, incluyendo delitos tipificados no sólo en el Código Penal, sino también en los códigos contravencionales que establece cada jurisdicción, a la vez que modifica los trámites de expulsión para que sean inmediatas, sin control judicial ni una defensa legal adecuada. Justificándose en cifras sesgadas para asociar criminalidad y migración, se vuelve así a hacer de las migraciones una cuestión de Seguridad Nacional y no de Derechos Humanos.
Ante este panorama, desde la CTA Autónoma se vienen realizando acciones para denunciar al Gobierno argentino ante instancias internacionales y de derechos humanos, así como para llevar el tema a las organizaciones de trabajadores de la región ya que este tipo de medidas atenta particularmente contra la integración regional.
En este sentido, el secretario de Relaciones Internacionales de la CTA-A, Adolfo “Fito” Aguirre, durante la jornada de hoy realizará una presentación en Montevideo, donde funciona la sede del MERCOSUR, para denunciar estos cambios en la política migratoria que sientan un peligroso retroceso en materia de derechos para todos los y las migrantes, y en particular para los migrantes de países vecinos, poniendo en riesgo los acuerdos alcanzados en la materia.
“Con la modificación de la ley, el Gobierno no solamente busca endurecer los mecanismos de entrada y de expulsión de los extranjeros sino que busca volver al paradigma que asocia criminalidad y migración, característico de la última dictadura militar. Este paradigma está atado a otra discusión que ha instalado el Gobierno respecto a la baja de edad de imputabilidad y que tiene como fin la estigmatización de los jóvenes, los migrantes, los pobres, para constituirlos como chivos expiatorios ante una situación de crisis económica y social que se ha potenciado debido a las propias medidas de Gobierno”, expresó Aguirre.
También desde la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS), se emitió un comunicado para rechazar el decreto que busca criminalizar las migraciones y que potencia las políticas de exclusión.
Asimismo, desde la Central se ha participado de una reunión el día martes con un amplio espectro de organizaciones como el CELS, CAREF, la Universidad de Lanús, investigadores, entre otros, con el objetivo de coordinar estrategias para denunciar este grave retroceso de la legislación migratoria y para generar canales informativos para contrarrestar la campaña mediática que desde el Gobierno se ha instalado sobre el tema para justificar la medida.
