Durante los primeros 15 meses de la actual gestión de Gobierno se registraron como mínimo 186 hechos de represión y criminalización contra la protesta de las organizaciones del campo popular. El dato surge del informe realizado por LiberPueblo y el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma a partir de un relevamiento en medios masivos de comunicación y denuncias presentadas por los representantes de los afectados.
* Por Jimena Frankel, integrante del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma)
La represión de las fuerzas de seguridad contra las organizaciones sociales se constituyó como uno de los principales dispositivos de disciplinamiento social. En efecto, en poco más de un año se registraron al menos 95 casos de violencia física contra manifestantes y organizaciones, que incluyeron agresiones con balas de goma, gases lacrimógenos y/o palos por parte de las fuerzas de seguridad.
Más de la mitad de estos hechos ocurrieron en el marco de manifestaciones de organizaciones de trabajadores ocupados o desocupados que reclamaban mejoras laborales, continuidad laboral o fuentes de trabajo. El desalojo de un acampe y las represiones contra los docentes de Tierra del Fuego en mayo de 2016, la represión de los trabajadores de la Municipalidad de la Plata durante enero del mismo año, la represión y el desalojo de trabajadores de AGR-Clarín y de manteros en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en enero de 2017 son sólo una pequeña muestra de estos hechos.
Los miembros de las organizaciones barriales, sociales y de género representaron un tercio de los casos en los que se utilizó la violencia física contra manifestantes y entre ellos se encuentran las represiones desatadas durante el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario en octubre de 2016, y en los primeros meses de este año contra organizaciones barriales en la Ciudad de Buenos Aires, en San Juan y en Villa Caraza contra los integrantes del Comedor Los Cartoneritos del Movimiento de Trabajadores Excluidos.
En segundo lugar se encuentran casos en los que se utilizó la justicia penal contra la protesta social. Entre enero de 2016 y marzo de 2017 se iniciaron como mínimo 48 causas vinculadas a reclamos sociales que alcanzaron a 180 personas. La amplia mayoría de estos hechos fueron contra referentes de dichas organizaciones. Estos hechos son una forma de disciplinar a las organizaciones del campo popular en su conjunto e impactan sobre todos sus integrantes, generando temor y obstaculizando la propia organización y acción colectiva.
Estas causas penales afectan a referentes de organizaciones sindicales, barriales, sociales, e incluyeron entre otros a Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y de la CTA–A de Río Negro, y a numerosos dirigentes azucareros en las provincias de Salta y Jujuy quienes fueron imputados penalmente por su participación de distintos conflictos sindicales. Marcelo Barab, Fernando García, Nelson Salazar, todos referentes de la CCC, 14 trabajadores de la municipalidad de Allen y decenas de integrantes de la Toma en barrio Nueva Esperanza son otros tantos de los afectados por la apertura de causas o condenas penales.
Por último, entre enero de 2016 y marzo de 2017 se registraron al menos 43 hechos de detenciones arbitrarias que afectaron a un total de 337 personas. Esta práctica estatal alcanzó mayoritariamente a manifestantes que participaban de protestas sociales, vinculadas principalmente a reclamos laborales o por el acceso a tierra y vivienda. En estos casos las detenciones se prolongaron desde unas horas a varios días y fueron una parte importante de la respuesta represiva del Estado a la protesta social. Entre estos casos se encuentran la detención arbitraria de activistas durante el 8M, de 48 integrantes de las organizaciones CTEP, ASOMA y CCC en el marco del conflicto por el acceso a la tierra en el parque Pereyra Iraola, de más de 20 trabajadores de la empresa Nuevo Expreso en La Plata y de 10 miembros de la organización Resistencia Ancestral Mapuche.
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