«Ahora, ya no hay más excusas para nadie, ahora se debe cumplir la Ley», enfatiza el Consejo Plurinacional Indígena, luego de que la Corte Suprema de Justicia dictaminara la constitucionalidad de la Ley de Medios.

«Estaremos vigilantes y esperando esa señal que en la década no ha ocurrido: que la participación indígena en los órganos creados se garantice desde un derecho autónomo como Pueblos preexistentes y que las partidas presupuestarias que la ley exige se entregue sin discriminar al que cuestiona, porque eso es ’democratizar la palabra y la imagen como manifiesta el presidente de AFSCA’», remarcan en un comunicado.

«Hacemos conocer nuestra posición desde uno de los sectores más excluidos tanto de los poderes concentrados del grupo Clarín, como de los medios ’públicos’, es decir las comunidades y organizaciones indígenas que defendemos nuestros territorios de un modelo económico basado en la explotación de la naturaleza y la amenaza fisica y cultural a los Pueblos Indigenas.

«El entrecomillado de ’públicos’ es porque nadie desconoce que la TV Pública, las Radios Nacionales o lo medios financiados con recursos gubernamentales, es decir públicos, bloquean todo tipo de opinión o posicionamiento critico a la política gubernamental. Sólo han permitido en los medios’públicos’, (y muy reducidamente), la palabra de indígenas empleados del gobierno en la medida que fue para aplaudir o acompañando como bufones, a funcionarios públicos.

«Ahora, ya no hay más excusas para nadie, ahora se debe cumplir la Ley. Pero tampoco vamos a ser tan ilusos de asumir que esto es solo cuestión de reconocimiento legal. Porque de leyes, sobre pueblos indígenas, ya todo está escrito. Tenemos leyes a patadas que nos reconocen. Pero lo que no hubo en esta década, fue voluntad política para aplicar esas leyes. Entre ellos, la Ley de Medios.

«La movilización de los comunicadores indígenas alrededor del debate de esta ley, fue intensa. Nuestros jóvenes, como verdaderos guerreros de la comunicación, lograron incorporar entre los objetivos de la Ley, algunos claves como: ’La preservación y promoción de la identidad y de los valores culturales de los Pueblos Originarios’, (Art. 3º), también que: ’La programación que se emita a través de los servicios contemplados por esta ley, incluyendo los avisos publicitarios y los avances de programas, debe estar expresada en el idioma oficial o en los idiomas de los Pueblos Originarios’”. (Art. 9º).

«Cuatro años después, cualquiera de nosotros, oyente y televidente casual o empedernido, sabe que esos objetivos no se han cumplido ni cercanamente. Los medios de comunicación administrados por el Estado nacional (canales y radios) carecen de producción de contenidos que reflejen debidamente la diversidad cultural y la vida de los Pueblos Originarios en el país. Y los medios de comunicación administrados por las provincias (canales y radios) muy rara vez abren sus puertas a las producciones audiovisuales elaboradas por los propios Pueblos Originarios. De los medios privados, ni hablar.

«Los Pueblos Indígenas, éramos conscientes de que sin recursos económicos no podemos competir con grupos empresariales que han convertido a la información como una mercancía del mercado comunicacional. Y por eso nuestro logro fue el capítulo que se refiere al Financiamiento de los Medios Indígenas en su artículo 152. “Los servicios contemplados en este título se financiarán con recursos provenientes de:

a) Asignaciones del presupuesto nacional;

b) Venta de publicidad;

c) Donaciones, legados y cualquier otra fuente de financiamiento que resulte de actos celebrados conforme los objetivos del servicio de comunicación y su capacidad jurídica;

d) La venta de contenidos de producción propia;

e) Auspicios o patrocinios;

f) Recursos específicos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

«Hoy, muchas de esas licencias no se pueden utilizar y las ilusiones de una comunicación con identidad, solo han quedado amontonadas junto a precarios equipos en alguna sede o construcción con carteles de ’FM Indígena’. No hubo asignaciones del presupuesto nacional ni recursos asignados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Y en este punto se vislumbra una seria discriminación hacia la comunicación indígena, ya que mientras los medios comerciales tienen como objetivo solo el lucro, son apoyados con grandes sumas de dinero público a través de la denominada ’publicidad oficial’.

«Otro logro de la ley, manoseada por la política oficial, ha sido la que se refiere a la participación en la política comunicacional. La legislación cuenta con tres instancias que la regulan:

«- Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA),

«- Consejo Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (CFSCA)

«- Consejo Honorario de Medios Públicos (CHMP).

«Los Pueblos Originarios logramos participación con representación activa en los dos últimos consejos antes nombrados. Sin embargo, designado el representante Matias Melillan para esa instancia, fue rápidamente cooptado, contratados por el Estado y desde ese momento, servil a los intereses partidarios, olvidó su tarea organizativo-política y se prestó para esta desvirtuación del espacio legítimo de participación indígena.

«En 2010, el Consejo Plurinacional Indígena y la organización Tupac Amaru, retiró el apoyo a este personaje y propusimos representación para esas instancias. Pero ya la decisión de controlar e impedir voces críticas ya estaba marcada.

Advertencia

«El Estado argentino debe generar los mecanismos prácticos y eficaces para que la identidad y los valores culturales de los Pueblos Originarios del país se transmitan por cada medio de comunicación audiovisual público; y promover el financiamiento de equipos de producción indígenas para que dicho contenido a comunicar se acepte conforme lo establecido y/o elaborado por cada Pueblo Originario sin perjuicio de sus culturas. Además, se insta al Estado a que controle y haga cumplir a los medios de comunicación privados a promocionar debidamente la diversidad cultural indígena.

«Asimismo el Estado argentino debe dar cumplimiento a los incisos A y F del artículo 152 de la ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual sobre partidas presupuestarias y asignaciones económicas conforme lo propuesto por los Pueblos Originarios para cada medio de comunicación indígena.

Una muestra clara en estos días, de lo que estamos planteando, ha sido la gran estafa del llamado 1º Canal de TV Mapuche. Es urgente que ese medio sea reimpulsado y puesto al servicio de los pueblos indígenas y sin manipulación gubernamental. Estaremos vigilante y esperando esa señal que en la década no ha ocurrido: que la participación indígena en los órganos creados se garantice desde un derecho autónomo como Pueblos preexistentes y que las partidas presupuestarias que la ley exige se entregue sin discriminar al que cuestiona, porque eso es “democratizar la palabra y la imagen” como manifiesta el Presidente del AFSCA.

«Alentamos a nuestros guerreros de la comunicación indígena, porque el territorio de la comunicación es uno de los objetivos a recuperar, para que trabajen con dignidad y sin vender su mensaje con identidad. Por Territorio–Identidad–Comunicación».

por Consejo Plurinacional Indígena: Ignacio Prafil, Nación Mapuche; Felix Diaz, Nación Qom; Jorge Nahuel, Nación Mapuche; Amta Paz Argentina Quiroga, Nación Warpe; David Sarapura, Nación Kolla; Carlos Ramos, Nacion Mbya.

Fuente: www.avkinpivkemapu.com.ar