El pasado lunes 30 de mayo, integrantes de la mesa de conducción y otras organizaciones de la CTAA Capital, CTAA Nacional y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), participaron de las audiencias – convocadas por la Agencia Nacional de Discapacidad – en que se debate un nuevo Proyecto de Ley sobre Discapacidad a nivel nacional. Hecho percibido desde las mencionadas organizaciones como un avance, aunque replica ciertos vicios paternalistas y asistencialistas del antiguo paradigma médico.
Mabel Mamani, secretaria de
Discapacidad de la CTAA Capital, expresó el disenso en cuanto a la
necesidad de una nueva ley, dado que existen normas y modificatorias
que abordan ampliamente la problemática pero que no se aplican y se
las vacía sistemáticamente de presupuesto.
En las audiencias
estuvo presente Carlos Ferreres, secretario de Discapacidad de CTAA
Nacional y Director de Discapacidad de ATE Nacional, junto a Mabel
Mamani, integrante del Frente Territorial Salvador Herrera
(FOSH-CTAA) y Carlos Scally, integrante de la Secretaría
Discapacidad de CTAA Capital, quienes acordaron en ponderar la
crítica situación en que se encuentran las personas con
discapacidad en Argentina, ya sea por la indiferencia entre
organismos del Estado y la propia sociedad civil; el incumplimiento
de la legislación vigente, la ineficacia de muchas políticas
públicas y la comisión de actos discriminatorios. Razón por la que
también expresaron que la nueva ley debe tener un enfoque desde los
Derechos Humanos, basado en el Modelo Social de Discapacidad
establecido por la Convención.
Además, en su exposición
ante la asamblea, Mabel Mamani señaló: “La implementación
efectiva de políticas públicas requiere una asignación de recursos
financieros suficientes para hacer efectivos los derechos que
pretende asistir. Porque discapacidad y pobreza caminan de la mano y
se retroalimentan: la falta de recursos económicos no hace más que
profundizar las dificultades para el desarrollo de las familias que
diariamente se encuentran en la grave situación de tener que
enfrentar las necesidades de un familiar con discapacidad. Nosotros
lo vemos todos los días en los barrios más humildes de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, donde la gran mayoría no tiene acceso a
servicios en materia de salud y protección social”.
“En
nuestros barrios de cada 10 personas en situación de discapacidad,
solo 3 tiene el Certificado Único de Discapacidad. Hay una
insuficiencia de Servicios de Rehabilitación en la red de hospitales
públicos y un escaso número de efectores y recursos humanos
calificados en todos los niveles de atención. A la restricción de
la accesibilidad por dicha escasez, hay que agregar que la capacidad
de admisión hospitalaria está colapsada, faltan prestaciones
complementarias como ayudas económicas para la atención de
necesidades sociales, dispositivos de apoyo y aparatos ortopédicos”.
Así mismo también quedó explicitada la preocupación por
la cantidad de madres que son único sostén de familia con hijos con
discapacidad, con padres que abandonan el hogar y no brindan apoyos
económicos, sin la protección social necesaria por parte del
Estado, las cuales, en palabras de Mamani, “se sienten solas y al
margen de la sociedad con sus hijos, a los que se les termina
vulnerando sus derechos a la salud y a la protección social”.
Como
caso testigo, se citó un relevamiento sobre la accesibilidad del
espacio público en la Villa 20, que evidenció que en más de la
mitad de las manzanas del barrio no hay ninguna rampa de acceso al
espacio público. La mayoría de las viviendas que habitan las
personas con discapacidad tienen graves barreras arquitectónicas
producto de la derogación por parte de la Legislatura porteña de la
Ley 962 de accesibilidad que apuntaba a la inclusión de las personas
con discapacidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dando marcha
atrás con lo actuado, afectando derechos adquiridos, sancionando una
ley abiertamente discriminatoria que prioriza la ganancia de los
grandes desarrolladores inmobiliarios a costa de las necesidades de
la personas con discapacidad.
Carlos Scally, añadió:
“Queremos expresar nuestra alarma por la situación crítica en que
se encuentran las personas con discapacidad en la Argentina: A modo
de ejemplo, en el tema trabajo, el incumplimiento del cupo del 4%, de
puestos de trabajo reservados para personas con discapacidad, acorde
lo normado en articulo 8 de la Ley Nacional 22.431, del año 1981, es
una deuda de estos casi 39 años de un estado en democracia, ya que
según datos del año 2021 de la Secretaría de Gestión y Empleo
Público de la Nación, la cantidad de personas con discapacidad
empleadas es de 0,61%. Todos sabemos que hay normas, pero no se
cumplen y menos sin presupuesto”.
“Queremos discutir el
proyecto de ley en nuevas audiencias públicas luego de que esté
redactado y antes que ingrese al Poder Legislativo. No olvidemos el
lema acuñado por el movimiento a favor de las personas con
discapacidad en la previas a la convención por los militantes de
discapacidad del mundo que dice “Nada sobre nosotros sin nosotros”
y resume la idea de que no puede decidirse una política sin contar
con la participación completa y directa de los miembros del grupo
afectado por dicha política y ninguna decisión que influya sobre
nuestros derechos no puede llevarse adelante sin nuestra
participación”, concluyó Scally.
Carlos Ferreres, se manifestó
sobre el programa “Incluir Salud”, cuyo sector son los
beneficiarios de pensiones por discapacidad y funciona con muy serias
y peligrosas deficiencias en todo el país; la falta de acceso a las
prestaciones y la provisión de medicamentos en tiempo y forma, la
habilitación de farmacias por distritos en base a la población
beneficiaria, el rechazo de la resolución 453/2018 que plantea la
provincialización de la temática y la necesidad del cumplimiento
del cupo en las nuevas viviendas a construirse que deben ser
accesibles para familias con algún integrante con discapacidad.
De
las exposiciones también participaron Brenda Miño, Leonidas
Chaparro, Rosalina Ferreira y Yamila Dubinsky, quienes abordaron,
entre otros temas, los prejuicios en la educación general básica,
que se manifiestan en formas de rechazo cultural que impiden una
mayor inclusión de los niños y jóvenes con discapacidad en las
escuelas comunes; y salud mental: análisis y formas que mejoren la
calidad de vida, atendiendo la libertad de circulación y
accesibilidad al transporte público para personas con discapacidad.
