Se le negó intérprete hasta su juicio, en donde pudo comprender que la estaban condenando a perpetua por un crimen del que no le permitieron defenderse, ni en palabras.

Radionauta dialogó con Sofía Ballesteros, abogada querellante en la causa por parte de la Comisión Por la Memoria, quien explicó que se presentaron como amicus curiae, figura a partir de la cual terceros (en este caso organizaciones sociales y organismos públicos expertos en la temática), pueden hacer aportes a la causa, en la cual se apeló la condena a perpetua.

“Nos basamos en los planteos que tienen que ver con la ausencia absoluta de perspectiva de género y de una perspectiva intercultural” explicó Ballesteros, así como aseguró que “la pertenencia de Reina a un pueblo originario fue bastardeada”.

Reina es discriminada por ser mujer, perteneciente a un pueblo originario, por ser pobre y ser migrante. El caso es relevante, dado que se la acusa de ser la asesina de su marido, siendo que fue ella quien notificó su desaparición. Fue encerrada embarazada, sin poder defenderse ni comunicarse con nadie.

“Incluso en el juicio si bien se autoriza un intérprete para Reina, la hermana pidió declarar en Quechua y se lo prohibieron porque el fiscal insistió en que el idioma de este país es el castellano. Esta actitud del funcionario es una situación violatoria de la Constitución Nacional dado que la Argentina respeta las identidades de los pueblos originarios”.

Sin embargo, es fundamental la intervención de las organizaciones civiles para defender a estos sectores dado que “la justicia es muy reacia a aceptar estas perspectivas. Es paradójico porque tenemos normativa de avanzada tanto en derechos de los pueblos originarios y de mujeres” pero los jueces “están muy atrasados en relación a esto, tienen un sentido común patriarcal y clasista, a ellos les molestan los pobres, los maltratan y más aún si no hablan el castellano, son migrantes o les cuesta expresarse”.

Fuente: www.laolla.tv