La Federación Judicial Argentina (FJA-CTA), con la firma de su secretario General, Hugo Blasco, difundió una declaración cuestionando el autotitulado Protocolo de Seguridad que impulsa el Gobierno nacional.
«El llamado «Protocolo de Actuación de los Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas es un engendro antidemocrático, inconstitucional y de carácter represivo, que apunta a paralizar la protesta social frente al fenomenal ajuste de la economía implementado por el gobierno nacional.
En línea con la depreciación del salario real y la esterilización de la negociación colectiva, con la complicidad de sectores de la burocracia sindical y el respaldo de la derecha más recalcitrante de las fuerzas políticas y los medios de comunicación, dicho Protocolo pretende frenar la resistencia popular, que legítimamente recurre al derecho de peticionar y expresarse libremente en el espacio público, tal como lo garantiza la Constitución Nacional.
La pretensión de desalojar de las calles y plazas las manifestaciones populares no solo vulnera la tradición jurídica democrática, sino también la tradición popular que forma parte de la mejor cultura política de nuestro país.
Partidos y movimientos políticos como el radicalismo y el peronismo tuvieron momentos fundantes en la movilización popular y la recuperación y la consolidación democrática, desde las Madres de Plaza de Mayo hasta las manifestaciones del 19 y 20 de diciembre de 2001, se canalizó a través del espacio público, en un permanente ejercicio de aquel grito de “el pueblo quiere saber de qué se trata”, que dio origen a nuestra Patria un mes de mayo de 1810.
En todo caso, los grandes perjuicios a la democracia y al pueblo jamás partieron del ejercicio de la libertad de expresarse y manifestarse públicamente sino de la intención de reprimirlos. Así lo dice nuestra historia reciente y no tan reciente.
En consecuencia, exigimos la inmediata revocación del mencionado Protocolo represivo y, desde ya, hacemos políticamente responsable al Gobierno nacional, y personalmente responsables a la Ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, y al Presidente de la Nación, Mauricio Macri, por el eventual uso de la violencia por parte de las policías u otros organismos como la Gendarmería nacional».
Fuente: www.fja.org.ar
