El 24 de octubre de 2018 en la Cámara de Diputados se debatió el Proyecto de Presupuesto redactado por el Gobierno a la medida del FMI. Mientras tanto, miles de manifestantes provenientes de organizaciones sindicales y sociales, entre ellas la CTAA Autónoma Nacional y de Capital y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-CTA) se convocaron frente al Congreso para rechazar la aprobación de ese Proyecto de ajuste.
Poco tiempo después de comenzada la sesión, se dio inicio a una brutal represión y cacería de manifestantes por la zona del Congreso, que se prolongó por horas. Ahora, a cinco meses de esa salvaje represión que tuvo como saldo 27 de detenidos y incontable cantidad de heridos, la Justicia dispuso el archivo de las actuaciones contra todos los detenidos en la movilización en contra del Presupuesto, entre los cuales se encontraban diversos compañeros de CTAA –la mayoría de Astilleros Río Santiago -y que fueran patrocinados en parte por el Espacio Jurídico de la CTA A Regional Capital-.
El Fiscal de la causa, Federico
Tropea, afirmó que no existen elementos de prueba suficientes para
determinar la responsabilidad de los detenidos. Asimismo, informó
que la Policía no aportó ninguna prueba contra los imputados.
La resolución judicial menciona
específicamente que sobre uno de los hechos atribuidos a los
detenidos, la rotura de la vidriera del local La Tosca, se hizo
público un video donde se ve que es un policía quien arroja una
piedra sobre dicho local.
En otro párrafo de la resolución
se dice textualmente que “Se advierte entonces que la imposibilidad
de continuar con la tramitación de la causa radica básicamente en
el ineficiente procedimiento llevado a cabo por el personal de
prevención al momento de efectuar las detenciones correspondientes y
la incapacidad manifiesta de recabar la prueba necesaria para obtener
el éxito de la imputación pretendida”.
En dicha resolución se destaca:
“En casos como el presente, según se ha sostenido en numerosos
precedentes, no resulta aceptable que las manifestaciones de los
oficiales intervinientes constituyan prueba contundente y objetiva de
cargo destructora del principio de inocencia que goza todo habitante
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Luego de citar otros fallos en
causas similares (en marchas de marzo y diciembre de 2017) sostiene
que: “Son las fuerzas de seguridad –nacionales y locales- las que
deberían revisar la manera que han llevado a cabo operativos
similares en los últimos tiempos, puesto que a simple vista y a la
luz de la cantidad de sobreseídos por estos motivos en otros causas
–en base a la falta de medios probatorios, deficiencias en la
identificación, etcétera.- no se puede más que concluir la
ineficacia de los procedimientos. Llama la atención a esta Fiscalía
que con la tecnología disponible, no se haya podido obtener ni una
sola imagen de los imputados cometiendo las conductas imputadas”.
Cabe destacar que desde un primer momento esta Central y otras organizaciones denunciamos conjuntamente que las detenciones habían sido arbitrarias e injustificadas. Desde el Espacio Jurídico de la CTA A Capital se destacó la tarea de todos los abogados que desde esa misma tarde tomaron intervención en la causa y reiteraron que en causas como la presente se ve con claridad el intento del Gobierno de penalizar el derecho constitucional de protesta.
