Desde la CTAA manifestamos nuestro enérgico repudio al fallo del fiscal Fernando Rivarola de Chubut, calificando de “desahogo sexual” a una violación en manada a una adolescente de 16 años. Sobre ese argumento propone, para los tres acusados que siguen imputados, una pena de tres años de prisión “en suspenso”, es decir sin aplicación efectiva.

Este fallo no es simplemente una ideología patriarcal de un fiscal, es parte de una justicia que busca defender la impunidad de los poderosos y disciplinar las luchas feministas que año a año crecen en nuestro país y en el mundo. El hecho ocurrió en una fiesta privada en 2012 en Playa Unión, en Chubut.

Sin embargo, la investigación comenzó tiempo después tras una publicación en redes sociales por parte de la víctima, donde denuncia a quienes fueron luego los imputados. Los responsables -Luciano Malemacci, Joaquín Pérez, Robertino Viglionne, Ezequiel Quintana, Leonardo del Villar y Tomas Soriano-, son “hijos del poder” en Chubut: nietos de un ex gobernador, de un senador y de un conocido empresario de la provincia. Todos ellos pertenecen a familias adineradas y poderosas de la provincia.

La información trascendió el día de ayer, en medio de las distintas acciones que realizamos en el marco del quinto aniversario de aquella gesta popular del 3 de junio de 2015, cuando salimos a la calle para gritar “Ni una menos”, repudiando la violencia machista en todas sus formas.

Desde la CTA Autónoma expresamos nuestro más enérgico repudio a este proceso judicial, ya que con la calificación de “desahogo sexual”, el fiscal Fernando Rivarola –quien tiene varios pedidos de juicio político- acordó juicio abreviado y la liberación de los acusados. Si el juez lo aprueba, la pena resultará sin aplicación efectiva implicando una nueva revictimización sobre la joven que tuvo el valor de hacer público semejante abuso de poder.

En una provincia donde el gobierno violenta a sus trabajadores y trabajadoras, docentes, enfermeros, médicos, y estatales en general –que son mayoritariamente mujeres- con recortes, pago fraccionado y retraso en los haberes, la justicia muestra también su sesgo patriarcal y anticlasista.

Nos solidarizamos con la joven denunciante que se animó a romper el silencio y enfrentar en la justicia a los seis hijos del poder, aún cuando los jueces y fiscales sostienen la impunidad en detrimento de nuestros derechos. Exigimos que la Procuración General revea el accionar de este Fiscal.

Asimismo exigimos la puesta en marcha de manera urgente de la Ley Micaela en todos los ámbitos de la administración pública, para que todos los funcionarios y funcionarias sean instruidas en perspectiva de género. Basta de justicia patriarcal!

Firman el comunicado:

Ricardo Peidro, Secretario General

Claudia Baigorria, Secretaria Adjunta

Hugo Godoy, Secretario Adjunto

Silvia León, Secretaria de Género

Crédito de la imagen: Ro Ferrer

Fuente: ACTA | www.agenciacta.org