La CTAA Capital exigió Juicio Político a los jueces que destruyeron el paradigma de la Educación Pública en la Ciudad

La CTAA Capital exigió Juicio Político a los jueces que destruyeron el paradigma de la Educación Pública en la Ciudad

El pasado 11 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó la decisión de suspender, durante el receso de verano, la entrega de la magra canasta nutritiva con que contaban durante la pandemia miles de familias que vieron afectada su economía. Casi en paralelo, la ciudadanía se enteraba que a partir del 2021, las familias que pretendan enviar a sus hijos al jardín de infantes público, deberán certificar su pobreza para acceder a la posibilidad de conseguir una de las poquísimas vacantes que existen en dicho nivel educativo.

Ambas medidas de recorte y de ajuste, no solo atentan directamente contra los derechos de las niñas y niños, sino que también contradicen la propia Constitución de la ciudad que gobierna Juntos Por El Cambio (en sus distintas denominaciones) desde hace más de una década y sientan un peligroso antecedente para otros niveles educativos y otras materias de dominio público, como podría ser la salud.

A raíz de este atropello -llevado adelante con la veña automática del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad- la CTA Autónoma Capital junto a la Unión de Trabajadores de la Educación Capital (UTE), el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la FIUBA (CLIC), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) Regional CABA, el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) y la Defensoría de Laburantes, acudió a la Justicia para proteger el derecho de alumnos y estudiantes de la Ciudad.

Consultada sobre esta problemática, Margarita Contarelli, Directora de Escuela Pública, Educadora Popular e integrante de la Mesa Ejecutiva de la CTA A Capital, aseguró: “En la Ciudad de Buenos Aires desde hace unos 13 años, primero con Mauricio Macri y ahora con Horacio Rodríguez Larreta, han llevado adelante una cruel política de desfinanciamiento en muchas áreas. Entre ellas, la Educación Pública: la falta de inversión en libros, material didáctico y la nefasta decisión de dejar de entregar netbooks -que tanta falta hicieron este año-, son parte de los problemas que se fueron agudizando y que además exponen su desdén hacia nuestras niñeces, al tiempo que otorgaron mayores subsidios a la Educación Privada. Tengamos presente el problema que acarrea la falta de vacantes, la informatización de la tramitación de las becas para los comedores y de todo el problema que conlleva el manejo de las tecnologías para nuestras familias. A lo que se suma la extrema burocratización, la proliferación de múltiples plataformas que han costado mucho dinero y que no fueron efectivas”.


“Este desfinanciamiento se ha visto en todos los niveles: desde no querer reconocer integralmente a nuestros bachilleratos populares hasta los últimos anuncios de desentenderse de la atención de las y los más pequeñitos: un derecho además explicitado en la Constitución de la Ciudad”, agregó Contarelli.

La entrega de las Canastas Escolares Nutritivas fue una política de emergencia por la que se continuó la asistencia alimentaria que antes recibían los chicos y chicas en las aulas. De esta manera, los mismos consignatarios continuaron trabajando, entregando en más de 1.250 escuelas los tres servicios -desayuno, almuerzo y refrigerio, según correspondiera, con una frecuencia quincenal desde el 1° de abril hasta el pasado 11 de diciembre-.


La causa con cuya firma acompaña la CTAA Capital fue caratulada como “Unión de Trabajadores de la Educación – Capital y otros contra GCBA sobre amparo – asistencia alimentaria y otros subsidios”, Expediente. N° 183659/2020-0, y quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 23, a cargo del Doctor Francisco Ferrer.


María Eva Koutsovitis, Ingeniera Civil, Integrante de la CLIC y del Frente de Organizaciones Salvador Herrera de la CTAA Capital, puntualizó que “La necesidad alimentaria del alumnado y del estudiantado no tiene vacaciones: el 45,9% de la niñez porteña habita en hogares cuyos ingresos no superan la línea de la pobreza”.


Así mismo, la compañera explicó que junto a otras organizaciones “Acudimos a la Justicia para proteger el derecho a la alimentación de les alumnes y estudiantes de la Ciudad. Y repudiamos el sistemático ataque a la Educación Pública por parte del gobierno porteño y del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, quienes intentan destruir los principios de universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y prohibición de discriminación y segregación de nuestra Educación Pública”.


La decisión de Horacio Rodríguez Larreta de reducir la oferta de la Educación Pública al universo de familias que cumplan los requisitos de pobreza, comenzó por los jardines de infantes. Pero, además de su inconstitucionalidad, esta medida puede sentar el precedente para avanzar de idéntica manera sobre la educación primaria y secundaria, librándose el gobierno porteño de la construcción siempre prometida de nuevas escuelas para la creciente demanda de vacantes; los sueldos del personal docente y no docente y mantenimiento de edificios; al tiempo que beneficia el negocio de la educación privada.

En referencia al tema, Ramiro Gerber, de la Asociación por los Derechos Humanos CABA, expresó: “Hace tiempo que venimos trabajando en construir la mayor unidad posible con el objeto de aportar a la defensa de los derechos humanos básicos que el Estado de la Ciudad vulnera sistemáticamente y en todos los sentidos posibles. Es por ello que habiéndosenos invitado a participar de esta presentación judicial contra la suspensión de la entrega de alimentos y la discriminación que comporta la reducción del acceso a la Educación Pública, no dudamos en hacerlo: les niñes deben nutrirse y comer, atentar contra ello es la vulneración de un derecho humano básico como el de la alimentación.”


A raíz de esta problemática, las organizaciones mencionadas impulsan un pedido de juicio político a los Jueces de la Mayoría Automática del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires -Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis Francisco Lozano- por destruir los principios de universalidad, gratuidad, inclusión, igualdad y prohibición de discriminación y segregación de cualquier tipo, que forman parte del paradigma de la Educación Pública al establecer que el GCBA sólo tiene obligación de brindar una vacante antes de la escolaridad obligatoria a las persona que demuestren que no pueden pagar una escuela privada. Además de sus fallos a favor de la destrucción del patrimonio y la enajenación de espacios públicos.

Este mediodía la CTAA Capital participó junto a otras organizaciones y a Legisladores y Legisladoras de la Ciudad de una conferencia de prensa, a través de la cual exigieron juicio político a los jueces que avalaron la nueva limitación para acceder vacantes en el jardín de infantes.

Allí, Claudio Lozano, Coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, expresó: «En un año la Ciudad de Buenos Aires tiene 331 mil pobres más que un año atrás. Actualmente son 926 mil las personas pobres, de las cuales 439 mil no pueden cubrir el costo de una canasta básica sólo de alimentos. Con el objetivo de garantizar el derecho a la alimentación, a la salud y a la vida de los estudiantes y alumnos hemos recurrido a la Justicia para que ordene al GCBA a continuar durante el período de receso escolar con la prestación del servicio alimentario realizado a través de la entrega de la Canasta Escolar Nutritiva, respetando el derecho de los docentes y directivos a las vacaciones tal como reconoce el Estatuto del Docente».

Por su parte, Jonatan Baldiviezo, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, agregó: “El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha decidido interrumpir esta prestación alimentaria, la Canasta Escolar Nutritiva, con el argumento de que ha finalizado el ciclo lectivo aún cuando continúa la crisis económica y sanitaria reconocida por el propio Gobierno. La economía de las familias que recibían la Canasta Escolar Nutritiva no ha mejorado desde el inicio de esta política. Las necesidades que el GCBA advirtió al decidir transformar el servicio dado en los comedores escolares en una prestación alimentaria por afuera de los establecimientos educativos aún continúan».

Al mismo tiempo, las organizaciones se encuentran juntando firmas de adhesión al Juicio Político a los Jueces del Tribunal Supremo de Justicia de la Ciudad por destruir la Educación Pública. Para sumar la adhesión ingresar al siguiente link: https://www.change.org/JuicioPolíticoxEducaciónPública

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