El transporte público es un servicio que el estado debe garantizar para que la población viaje a su trabajo, a sus estudios, al esparcimiento, etc.Por Julio Macera, Secretario adjunto de CTA Capital
En nuestro país ese servicio se prestó en algún momento por el estado, total o parcialmente y en otros por empresas privadas a las que se les adjudicaba la concesión de este que es un servicio público.
Hacemos esta aclaración porque, aún en el caso de ser prestado por empresas privadas, no es un servicio que pueda quedar solo en manos del negocio privado, justamente por su carácter de público.
Hacemos esta aclaración porque, aún en el caso de ser prestado por empresas privadas, no es un servicio que pueda quedar solo en manos del negocio privado, justamente por su carácter de público.
Con el paso del tiempo y la derrota de las ideas que fundamentaron el concepto de lo social, cuestiones tan elementales como las que explicamos más arriba fueron «olvidadas» por la sociedad y el precio del pasaje quedó sujeto solamente a la ganancia de las empresas y el estado, en el mejor de los casos, tuvo el rol de autorizar los aumentos pedidos por las empresas concesionarias y/o subsidiar parte de las ganancias de las mismas.
Particularmente no acordamos con los subsidios a las tarifas del transporte público, como concepto general y en todo caso y solo como excepción, lo que debe subsidiarse es al usuario. El sistema de subsidios al transporte público vigente en nuestro país a demostrado ser fuente de negocios espurios de empresarios, generó una alta concentración y fue y es, alimento para distintas «cajas políticas».
La fijación de las tarifas, por otro lado, no puede definirse exclusivamente en el marco de «ganancias o pérdidas» y es una decisión política que excede a un ministerio o al poder ejecutivo.
La fijación de las tarifas, por otro lado, no puede definirse exclusivamente en el marco de «ganancias o pérdidas» y es una decisión política que excede a un ministerio o al poder ejecutivo.
Es el parlamento, con la participación de usuarios, trabajadores y empresarios, el que debe fijar cuanto es lo que se puede pagar por un servicio digno (cosa que hoy no ocurre) y en su evaluación se deben incluir cuestiones como el salario promedio de la población que va a utilizarlo, su capacidad de compra, márgenes de ganancia empresarial, tasas de inversión razonables, el modelo de país y de servicios públicos que pretendemos y las distintas realidades locales y/o zonales.
Si el precio, que de ese análisis surge, no puede ser asumido por ninguna empresa privada para brindar el servicio, en lugar de resolverse por vía de subsidios, debería ser el estado el que lo realice. Justamente poniendo por delante el concepto de público del transporte de pasajeros. Este modelo de explotación estatal del servicio se da en distintos países del mundo y también se dio en nuestro país en el pasado reciente, por lo que no es ninguna utopía irrealizable.
Ocurre que en este, como en otros temas, hace rato que el neoliberalismo más crudo nos ganó la batalla y terminó poniendo por delante el concepto de ganancias al de lo social.
Habrá que perderle el miedo a las palabras y/o a las acusaciones de estatista, nostálgico o zurdo y levantar las banderas de la participación popular.
Habrá que perderle el miedo a las palabras y/o a las acusaciones de estatista, nostálgico o zurdo y levantar las banderas de la participación popular.
Para eso debemos dejar de lado el reaccionario «sentido común» que nos proponen desde el poder represor y construir juntos, el «sentido de los comunes», esos que ponemos el cuerpo y pagamos las consecuencias de las decisiones de otros.
