A partir del viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán vincular su Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE y viajar gratis en colectivos y trenes de jurisdicción nacional sin tener que mostrar documentación física en cada viaje. Manuel Adorni lo anunció con bombos y platillos como si fuera una conquista de este gobierno. No lo es.
*Por Secretaría de Discapacidad de la CTAA Capital
La gratuidad en el transporte público para personas con discapacidad no la implementó esta gestión. Existe desde hace más de dos décadas. La Ley 25.635 la consagró, y el Decreto 38/2004 la reglamentó, estableciendo que la sola presentación del CUD «es documento válido y suficiente» para viajar sin cargo en servicios de transporte colectivo terrestre de jurisdicción nacional. Veintidós años después, el vocero presidencial lo anuncia como novedad.
Tampoco es nueva la demanda de vincular ese beneficio a la tarjeta SUBE. Es un reclamo histórico de las personas con discapacidad y de los organismos que las representan. Ya en 2019, la Defensoría del Pueblo de la Nación emitió la Resolución N° 00097/19 recomendando expresamente al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Discapacidad que implementaran, a la mayor brevedad posible, el uso de la SUBE para este colectivo, con el objetivo de eliminar la burocracia, evitar la discriminación en los puntos de acceso y garantizar la gratuidad de forma eficiente.
Lo que sí es nuevo — y eso el Gobierno se cuida muy bien de no mencionar — es el motivo por el que ahora se apuran a instrumentarlo. La medida no responde a ningún impulso de sensibilidad social. Responde a una condena judicial al Estado en dos instancias por discriminación, con la Corte Suprema ya interviniendo en el expediente. Adorni estaba al tanto. Hay documentos judiciales que lo prueban.
El reclamo lo había iniciado Gerardo Arias en 2019, con el patrocinio de estudiantes de la UBA. El planteo era sencillo y concreto: el CUD físico no es procesado por los lectores de los molinetes del subte ni del tren, lo que obliga a las personas con discapacidad a depender de la intervención de un tercero para poder subirse a un transporte al que tienen derecho por ley. Y si en ese viaje ocurría un accidente, no había registro en la SUBE: debían recurrir a testigos para probar que habían viajado.
Pero el problema no era solo técnico. Lo que estaba — y sigue estando — en el centro del debate judicial es la exposición cotidiana a la que somete el sistema actual a quienes deben mostrar el CUD en lugar de simplemente apoyar la tarjeta. Ese instante en que alguien tiene que justificar ante un chofer, un inspector o un pasajero de al lado que su discapacidad existe y que su derecho es legítimo es una fricción que, según describió la abogada Varina Suleiman, habilita que cualquier persona que «se sienta con derecho a decirles cualquier cosa» los trate de oportunistas, especialmente cuando la discapacidad no tiene rasgos visibles o notorios.
No es un detalle menor en un contexto en que el propio Adorni contribuyó a construir esa imagen. El mismo funcionario que hoy anuncia el beneficio con solemnidad es quien difundió radiografías falsas de perros para instalar la idea de que las personas con discapacidad abusan del sistema.
La nueva modalidad no reemplaza al sistema vigente sino que lo complementa: quienes prefieran seguir presentando el CUD físico podrán hacerlo. Dicho de otro modo, el sistema que durante años expuso a las personas con discapacidad a la mirada escrutadora de extraños seguirá existiendo. La SUBE vinculada al CUD será una opción más, no una solución integral.
En abril de este año, los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti le pidieron al Poder Ejecutivo que explicara qué había hecho para garantizar la inclusión de las personas con discapacidad en el transporte público. La Secretaría de Transporte respondió el 15 de abril. Cincuenta y ocho días después llegó el anuncio de Adorni. Y el 27 de abril, la propia Directora Nacional del sistema SUBE, María Agustina Gantuz, ya le había informado a la Corte que estaban trabajando en un mecanismo específico para garantizar el acceso gratuito al transporte mediante la tarjeta, en cumplimiento del artículo 22 de la Ley 22.431. Es decir: el Gobierno le avisó a la Justicia antes de avisarle a la sociedad, y cuando lo hizo, omitió cuidadosamente por qué.
El mismo gobierno que durante dos años desfinanció políticas de discapacidad, recortó prestaciones y dejó sin pago a prestadores del sistema, ahora presenta como política de Estado el cumplimiento tardío de una sentencia que no podía seguir ignorando. La ironía sería graciosa si no fuera a costa de las personas que más necesitaron al Estado y menos lo tuvieron.
