por Inés Farina, periodista, miembro del colectivo de www.radiosur.org.ar
Pasaron 4 años de la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y hacer una crónica de las idas y venidas entre la Autoridad de Servicios de Comunicación Audiovisual y Clarín sería un tanto aburrido, sobre todo cuando hoy ya tenemos el resultado sobre la mesa y podemos decir que felizmente la Corte Suprema de la Nación falló la constitucionalidad plena de todos los artículos de la Ley y el Grupo Clarín y el resto de los multimedios ya comenzaron a presentar sus planes de desinversión. Por eso decimos que este es un gran momento para poder poner el ojo en los medios comunitarios, alternativos y populares ya que cuando tuvimos la posibilidad de reclamar por nuestra legalidad nos suplicaban que no le hagamos el juego a la derecha y que esperemos a que se defina esa “batalla”.
Sin embargo la guerra por la disputa en la construcción de sentido (que es la Guerra que nosotros elegimos dar) es mucho más que la desinversión de los multimedios (esto sin decir que la adecuación de los Grupos se realiza por medio de la venta a otras manos privadas, empresariales y por lo tanto CON fines de lucro). Esa fue una batalla, una importante batalla, pero todavía faltan otras. Si los dueños de las nuevas licencias que se despojan los grandes grupos repiten los discursos de sus vendedores, efectivamente quedará bien claro que sigue pendiente la tarea de garantizar el derecho a la información, tal como lo define el artículo 2 de la Ley “La actividad realizada por los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y opiniones. La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y de gestión privada sin fines de lucro, los que deberán tener capacidad de operar y tener acceso equitativo a todas las plataformas de transmisión disponibles”. Es en este sentido que creemos que es imperiosa la decisión política del directorio de la AFSCA de fomentar a los medios populares, actores sin dudas protagonistas, a la hora de construir discursos sin ataduras a los intereses de los grandes grupos económicos y políticos.
Entre los 166 artículos que contempla la Ley 22.522 hay algunos que claramente nos tocan de forma directa a los medios Comunitarios, alternativos y populares. Por empezar, el artículo 4, donde la Ley nos define: “Emisoras comunitarias: Son actores privados que tienen una finalidad social y se caracterizan por ser gestionadas por organizaciones sociales de diverso tipo sin fines de lucro. Su característica fundamental es la participación de la comunidad tanto en la propiedad del medio, como en la programación, administración, operación, financiamiento y evaluación. Se trata de medios independientes y no gubernamentales. En ningún caso se la entenderá como un servicio de cobertura geográfica restringida”. Este artículo fue modificado y mejorado en su redacción original mediante aportes de las redes que nuclean este tipo de medios y evidentemente podemos decir que es una muy buena definición, donde habla de los objetivos, la forma de gestión, su manera de organización interna y su definición como proyecto político comunicacional pero en toda la Ley no se vuelve a hacer referencia al concepto de “emisoras comunitarias” porque nos incorporan en el grupo más grande de los “sin fines de lucro”, esto es un problema porque este grupo involucra medios que, aunque no tengan fines de lucro, tienen características muy distintas a los nuestros (ejemplos de estos medios podría ser un medio de la Bolsa de Comercio, de la Fundación Ronald Mc Donals o de la Fundación Ford) y eso significa que no tendremos las mismas condiciones para disputar en los concursos ni para cumplir con el listado de obligaciones que deben cumplir todos los medios con licencias (pago de tasas e impuestos, toma de personal bajo convenio, respetar ciertas formas legales, cumplir con las homologaciones de los equipos, etc), por este motivo es que creemos que deben haber concursos especiales para nuestros medios y ciertas exenciones de algunas obligaciones que sólo significarán trabas para nuestros proyectos.
Seguramente el artículo más famoso que involucra nuestro sector sea el número 89 inc. F, que garantiza el 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. Este posiblemente lo podamos considerar uno de los artículos más importantes en términos de democratización de los medios y, que más allá de lo aclarado en el punto anterior donde explicamos que se trata de un sector que contienen a medios de diversa naturaleza que lo único que los iguala es su calidad de “sin fin de lucro” queremos que se aplique YA, sobre todo teniendo en cuenta que desde has 4 años nadie cuestionó su constitucionalidad, o sea, está vigente. Antes, con la vieja Ley éramos ilegales, ahora somos “alegales”, ya que la Ley nos contempla pero al no aplicarse seguimos en el limbo. Los concursos y la aplicación efectiva de este artículo requiere de la confección de un Plan Técnico que identifique cuál es ese 33% que nos pertenece sin embargo no hay perspectivas que en el corto plazo (antes de 2015) esto se resuelva, por eso decimos que “Ahora es cuando” y que necesitamos que la AFSCA nos audite, compruebe nuestra real existencia y nos otorgue un reconocimiento legal que tenga validez legal a la hora de hacer vales nuestros proyectos ante los entes estatales que así lo exijan, o ante la presentación para los fondos de fomento, como así también para cuando nos presentemos a concursar para nuestra licencias.
Finalmente y para esbozar algunas de las tareas pendientes para continuar con nuestro afán por democratizar la comunicación, creemos que urge una Ley que regularice la distribución de la pauta oficial de forma tal que evitemos la discrecionalidad de su adjudicación tanto como su llegada a medios comunitarios, alternativos y populares. Si bien este podría convertirse en una consigna y una exigencia, estamos dispuestos a aportar a la confección colectiva de un proyecto con la mayor cantidad de medios de nuestro sector, de todas las redes existentes para asumir nuestra responsabilidad social en la construcción de políticas públicas y en el trabajo en unidad.
