El pasado jueves 28 de diciembre se lanzó un nuevo reporte del accionar represivo del 10 al 27 de diciembre: la gestión Milei tiene 11 detenidos en manifestaciones en solo 18 días.
El Monitor de Respuestas Represivas estatales o paraestatales a la protesta social es una iniciativa del Instituto de Estudios y Formación (IEF) de la CTA Autónoma para medir la represión contra las organizaciones del campo popular.
Durante las jornadas del 20 de diciembre, la policía federal y la prefectura reprimieron con gas pimienta y golpes a manifestantes durante la movilización para impedir el corte de calles y avenidas. Un diputado, una periodista y otros manifestantes resultaron golpeados por empujones de las fuerzas de seguridad. En estos episodios resultaron detenidos un manifestante y un militante. Los detenidos fueron liberados 24 horas más tarde y se les iniciaron causas penales. Hubo demoras en la liberación pese a que ninguno contaba con antecedentes. Ambos cuentan con causas penales abiertas.
Ese mismo día se puso en práctica el protocolo antipiquetes del Gobierno nacional. En los accesos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la PSA realizó requisas a colectivos de pasajeros. Según un comunicado del Ministerio de Seguridad, se detuvo a un colectivo por transportar a «presuntos manifestantes». En las estaciones de tren, se difundieron avisos institucionales del Gobierno que destacaban una línea de denuncia con el eslogan «el que corta no cobra».
El 21 de diciembre, el Ministerio de Seguridad informó sobre la imposición de una multa de 60 millones de pesos a varias organizaciones, algunas de las cuales no participaron en la jornada de protesta: Polo Obrero, la CCC, el Movimiento Evita, William Cooke, MTR 12 de Abril, CUBa-MTR, Libres del Sur, “Darío Santillán” (sic), La Dignidad, el FOL, Barrios de Pie, “Torres” (sic), el MTE y el Movimiento Patria Justa. Además el Gobierno presentó una denuncia ante los Tribunales Federales por el delito de extorsión y defraudación al Estado en el manejo de planes sociales. La denuncia recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 y en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°11, ambos con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
El 21 de diciembre, también se registraron hechos represivos en la ciudad de Córdoba. Durante las jornadas de cacerolazos en el Patio de Olmos, la Policía Provincial reprimió con palos, escudos y gas pimienta, lo que generó golpes y corridas. Además, se detuvo a 5 manifestantes a quienes se les abrieron causas penales.
Durante la desconcentración de la jornada del 27 de diciembre en protesta contra el DNU del Gobierno en Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, tanto la policía de la Ciudad como la Policía Federal golpearon y detuvieron a 4 personas. Uno de ellos sufrió una luxación de hombro causada por la represión, fue operado en el Hospital Grierson pero no le permitieron hacer el post operatorio en el hospital. A todos se les inició una causa por «resistencia a la autoridad». Fueron liberados, uno de ellos alrededor de la medianoche del 27 y el resto de los detenidos a las 12:15 del 28 de diciembre.
El 27 de diciembre, en la localidad de Zárate, la Gendarmería detuvo y retuvo a un colectivo que venía de la provincia de Jujuy, en el cual se trasladaba una comitiva liderada por el Perro Santillán, junto a referentes del gremio SEOM de municipales en dicha provincia.
Ver reporte completo: https://iefctaa.org/nuevo-reporte-del-monitor-de-respuesta-represivas-actualizacion-de-hechos-al-28-12-23/
