El próximo miércoles 31 de marzo se vence el última plazo que el Gobierno Nacional extendió del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 320/2020 a través del cual -con fecha 29 de marzo de 2020- se ordenaba la suspensión de desalojos en todo el territorio Argentino, la prórroga de contratos y el congelamiento de precios. Ante esta situación, el Colectivo de Inquilinxs Porteñxs (CoDIP-CTAA) expresó su preocupación a través del comunicado que publicamos a continuación.
A pocos
días de que se venza el Decreto 320/20 que estableció la suspensión
de desalojos, la prórroga de los contratos de alquiler y el
congelamiento de sus precios, desde el Colectivo de Inquilinxs
Porteñxs (CoDIP-CTAA) expresamos nuestra profunda preocupación ante
la inminente ola de desalojos que podría dejar a miles de familias
en la calle y nos sumamos al creciente reclamo de respuestas por
parte del Estado nacional como del Estado porteño. En este sentido,
en los próximos días convocaremos a una asamblea abierta de
inquilinxs para definir los pasos a seguir que nos permitan
visibilizar la problemática e impulsar nuestras propuestas.
Además
de la feroz crisis económica que está aniquilando los salarios y
dejando a medio pueblo en la pobreza, nuestro país atraviesa una
grave crisis habitacional estructural, palpable en las casi 9
millones de personas inquilinas o que ocupan una propiedad. En la
ciudad de Buenos Aires -la más rica del país-, las personas que
deben alquilar pasaron del 38% al 46% en los últimos 10 años,
mientras que aquellas propietarias de inmuebles disminuyeron del 62%
al 54%. Todo esto a pesar de que en el mismo período se construyeron
más de 111.000 viviendas, lo que significaría que las propiedades
se están concentrando cada vez más en menos manos.
Partiendo
de que el pago de un alquiler es un constante saqueo a los bolsillos
de lxs trabajadorxs, quienes destinan en promedio más del 50% de sus
ingresos en pagar el techo bajo el que habitan pero del cual no son
propietarixs, los aumentos irracionales que están exigiendo los
dueños que pretenden vivir de las rentas -que van desde el 60 hasta
el 100%- requieren de la urgente intervención del Estado para
establecer topes y controles efectivos que garanticen a la vivienda
como un derecho humano y no como un negocio o inversión. Resulta
inaceptable que mientras miles de familias sufren al tener que elegir
entre comer o pagar el alquiler, los sectores más pudientes
presionen para mejorar la rentabilidad de sus inversiones
inmobiliarias. Ante esta ofensiva del mercado inmobiliario sostenemos
que es necesaria la extensión del Decreto 320/20 como mínimo hasta
fin de año, aunque somos conscientes de que es una medida paliativa
e insuficiente para resolver la crisis que atravesamos. En paralelo,
deben impulsarse diversas políticas que regulen el mercado y
permitan el acceso a la vivienda propia.
Yendo al suelo en que
habitamos, cabe alertar que todos los años el Gobierno de la Ciudad
-en manos del PRO y sus aliados- aprueba leyes desprendiéndose de
terrenos e inmuebles públicos, que luego son adquiridos por las
grandes constructoras inmobiliarias para especular con el valor del
suelo porteño o construir viviendas de lujo inaccesibles para la
amplia mayoría de la sociedad. Y nos preguntamos ¿por qué no
destinar los inmuebles para construir allí soluciones habitacionales
que luego el mismo Estado porteño venda con facilidades de pago a
las familias inquilinas? Así, podrían obtenerse recursos para el
erario público y brindar un techo propio a personas que tanto lo
necesitan.
En nuestro país hay tierra suficiente para
resolver la crisis habitacional que sufrimos, en vez de utilizarse
para que se enriquezcan los mismos de siempre. Lo que hace falta es
participación popular para torcerle el brazo a las corporaciones
inmobiliarias y sus representantes políticos. Por eso, impulsamos
las siguientes propuestas:
– Prórroga del Decreto 320/20
hasta el 31 de diciembre de 2021 como mínimo, para evitar que miles
de familias terminen en la calle.
– Programa nacional de
desendeudamiento para la población inquilina que haya entrado en
mora debido a la pandemia de Covid-19 y bajo el Decreto 320/20.
–
Implementación de un plan estatal federal de construcción de 2
millones de viviendas, el cual no sólo aseguraría el techo a
quienes lo necesitan sino que daría un gran impulso a la economía
por medio de la generación de empleo y la producción
industrial.
– Establecimiento de precios máximos a los
alquileres, en relación directa a la paritaria anual más baja.
–
Lanzamiento de nuevas líneas de créditos hipotecarios, los cuales
en nuestro país representan tan sólo el 1% de todos los créditos
que otorgan los bancos, mientras que en Bolivia es del 10% y en Chile
asciende al 23%. Necesitamos nuevas líneas de créditos hipotecarios
accesibles para construcción o compra, atados a la variación
salarial y no a la inflación, para evitar las nefastas consecuencias
de los créditos atados a las UVA.
– En la ciudad de
Buenos Aires, aplicación de impuestos a las viviendas que se
encuentren ociosas por más de 6 meses, para evitar la especulación
del mercado. Expropiación de aquellos inmuebles que se encuentren
ociosos por más de 5 años.
– Destinar todos los inmuebles
que el Estado porteño recibe por herencia vacante a soluciones
habitacionales.
– Anulación de todos los decretos del Poder
Ejecutivo Nacional que venden -o transfieren para su venta- tierras
públicas a través de la AABE.
-Inclusión del costo
habitacional -alquiler o cuota hipotecaria- en la discusión del
Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
– SMVM igual a
la Canasta de Consumos Familiar.
