La Cámara de Diputados de la Nación se apresta a convertir en Ley una nueva fórmula de movilidad para los sueldos de les jubilades, a partir de 2021, sin recomposición de todo lo perdido. Esto se realiza cuando toda la atención está lógicamente puesta en el debate en el Senado por la Ley de IVE y da cuenta de una decisión política que relega la cuestión de la propia vida de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
En efecto, los haberes jubilatorios perdieron 6% en el «empalme» de las leyes de movilidad en 2018; un 19,5% durante los años 18 y 19 y, en lo que va del año, un promedio del 10,7 % por no empalmar la ley de movilidad pasada con la futura. Con esta pérdida de 36,2%, los haberes mínimos, quedaron en una cifra que no llega ni a la tercera parte de la canasta básica de jubilados.
Recomponer esta situación antes de comenzar con la nueva movilidad es claramente posible, a condición de tomar las decisiones políticas correctas: Restituyendo, solo para las grandes empresas, los aportes patronales eliminados en la década del ’90, estableciendo un impuesto extra del 0,75% a los grandes patrimonios y blanqueando la situación, de al menos la mitad de les trabajadores hoy precarizades, no solamente se podría cubrir la rebaja real de sueldo de los últimos años, sino realizar una recomposición general de los haberes.
El problema no es económico; es político.
Les jubilades volvemos a sentirnos «el último orejón del tarro» en un contexto en que se insiste en el rumbo de ajuste (Presupuesto 2021 para muestra) y no se valora el fortísimo efecto reactivador para la economía, que supondría sacar a siete millones de jubilades de la pobreza. La movilidad tiene la función de preservar el poder adquisitivo de les trabajadores jubilades. La indexación de la economía tiene que ver con el control de otras variables indexadas de la economía, como por ejemplo, el proceso de formación de precios de bienes y servicios. O se toma la decisión política de que la movilidad vaya acompañando la desaceleración del nivel inflacionario, con la consiguiente preservación, y aún mejora, del poder adquisitivo, o se va a una – nueva – rebaja generalizada de sueldos y se espera limitar vía mecanismos de mercado la suba de otras variables, con el resultado ya conocido y desastroso para la clase trabajadora.
¡Recomposición ya, de los haberes perdidos! ¡Ningún jubilado por debajo de la línea de pobreza! ¡Por una fórmula de movilidad que no nos haga perder frente a la inflación! ¡Por la recomposición de los ingresos de ANSES y la reparación del FGS vaciado! ¡Por el 82% móvil y una jubilación digna para todes les adultes mayores!, ¡Por la creación de un Instituto de Previsión Social de derecho público no estatal, con participación de les jubilades en su gobierno!
Secretaría de Previsión Social CTA-A Capital
28 de diciembre de 2020
