Hay Paro General este jueves 10 de abril y muchos discuten su carácter político. Es obvio, ya que se trata de una iniciativa sustentada en demandas sociales, sindicales, económicas y políticas de los trabajadores.
Por Julio Gambina, Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP)
Queda claro que los espacios sociales, sindicales y políticos que adhieren a la propuesta gubernamental no aceptan ni motorizan la medida de fuerza, aún cuando las demandas atraviesan las necesidades del conjunto de los trabajadores.
Entre varios motivos para el Paro se privilegia una crítica al estilo impuesto en negociaciones paritarias condicionadas por la presión empresaria y gubernamental, identificada en cierres rápidos y a última hora con valores menores a la inflación real del 2013. Es una situación que no permite ajustes salariales que acompañen el encarecimiento del costo de vida por aumento de los precios; mucho menos si se proyecta anualmente la inflación entre enero y marzo del 2014. Vale mencionar además, que varios organizaciones sindicales estatales no tienen paritaria, o no participan de ellas por las condiciones discriminatorias del régimen legal para el reconocimiento de los sindicatos. En este sentido, pesa el reclamo por democracia y libertad sindical con proyectos presentados al debate en el Parlamento.
Ante el encarecimiento del costo de vida se sustenta en el PARO un Salario Mínimo Vital y Móvil de $9.000; al que se asocia el reclamo por la jubilación mínima y una actualización del 82% móvil. Vale recordar que el salario mínimo está en $3.600 y la jubilación mínima en $2.757, ambos valores muy lejos de satisfacer las necesidades de sus perceptores. Incluso, el salario promedio de la Argentina está muy lejos del mínimo necesario para reponer el gasto de energía física y mental del trabajador y su familia que supone la actividad laboral cotidiana.
Uno de los aspectos que más irrita a los trabajadores, por inconstitucional es ser sujetos de impuestos a las ganancias. Por definición el salario es la retribución al factor de la producción «trabajo», mientras que la retribución al capital es la ganancia. El reclamo es por eliminar del impuesto a las ganancias los ingresos salariales. Algunos sostienen esa concepción aunque admiten en la coyuntura una actualización del mínimo no imponible para defender el ingreso de los trabajadores y que los ajustes y actualizaciones de salarios no sean apropiados por el fisco. Son medidas que apuntan a una reforma impositiva que debe incluir la eliminación de las exenciones a las rentas financieras.
Las reivindicaciones son variadas e incluyen las actualizaciones y universalización de las asignaciones familiares; el aumento para jubilados de emergencia y el 82% móvil de los ingresos previsionales; la prohibición de suspensiones y despidos; contra la legislación de riesgos del trabajo y contra la precarización laboral y las tercerizaciones, lamentablemente generalizadas y que afectan a la mayoría de los trabajadores. Sobre 15 millones de población económicamente activa, la mitad tiene problemas por irregularidad en el empleo.
Existen demandas de corte más general y claramente políticas, como la lucha por la derogación de la legislación antiterrorista y la criminalización de la protesta social, mediante la cual 7.000 dirigentes sociales están procesados en el país. En ese marco se lucha por la libertad de los presos, especialmente a los trabajadores petroleros de Las Heras condenados a cadena perpetua.
El paro es expresión del descontento y más allá de quién lo convoca, facilita el agrupamiento de activos sociales militantes que intentan construir alternativa política. Diversos agrupamientos se suman con todas las consignas o algunas, y muchos incluso en forma individual, adhieren desde el descontento que suponen las políticas de ajuste derivadas de la devaluación, los recurrentes pagos de la deuda pública, el aumento de precios y tarifas, los recortes a las actualizaciones salariales.
Hay quienes prefieren la fidelidad política al proyecto del gobierno y rechazan las motivaciones del paro general. Es una opción de subordinación que los aleja del compromiso con las demandas y necesidades de los trabajadores. Es parte de la opción que se asume individual y colectivamente en el camino de la subordinación o la emancipación social.
