La coyuntura económica se concentra en los debates en torno al paro realizado el pasado jueves 10 de abril y la presencia del Ministro de Economía y la delegación argentina a la reunión conjunta del FMI y el Banco Mundial en Washigton.
Por Julio Gambina, Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).
Las demandas en uno y otro caso aparecen cruzadas en el plano político y económico, con los organismos internacionales sugiriendo la tradicional política de ajuste, una posición que sustenta no solo para la Argentina, sino para el conjunto de la economía mundial, en momentos en donde se reconoce la continuidad de la crisis mundial. En las antípodas, la protesta de los trabajadores trascendió a los propios organizadores y convocó a buena parte de los descontentos con el achicamiento de ingresos que supuso la devaluación de enero y el encarecimiento de los precios, antes y después de la modificación del tipo de cambio.
Es evidente que la presión sobre la política económica se presenta en ambas y opuestas direcciones. Por un lado el afianzamiento de la política de ajuste, especialmente asentada en el deterioro de los ingresos populares; o, entre otras cuestiones, en la atención de demandas de actualización y aumento salarial contra la erosión derivada de la inflación y la aplicación del impuesto a las ganancias a los salarios; destacando en ese marco la reivindicación de jubilados y pensionados por un pago de emergencia que actualice sus haberes y más de fondo la histórica demanda de un ingreso equivalente al 82% móvil con un mínimo equiparable al salario mínimo, vital y móvil en niveles acorde con satisfacer la canasta familiar del trabajador y su familia.
Reunión en Washington
En el cónclave de los organismos financieros se busca el aval para reinsertar a la Argentina en el mercado de crédito mundial. El país está afuera desde la cesación de pagos del 2001, más allá de los regulares pagos, incluidas las cancelaciones al FMI y los canjes de deuda del 2005, 2010 y 2013 al que ingresaron el 93% de los acreedores de títulos públicos.
El argumento para mantener a la Argentina fuera del mercado de préstamos es la continuidad del default con ese 7% de tenedores de títulos, algunos de los cuales demandan al país ante la Justicia de Nueva York; pero también el impago al Club de París, que integran los principales países capitalistas, que a su vez son los principales accionistas y los que deciden en el FMI y el Banco Mundial. Recordemos que a fines de mayo está en agenda el inicio de las negociaciones para salir del default con el Club de París.
La ausencia de un acuerdo con estos organismos es un límite que impone el mercado mundial para liberar créditos, aun cuando YPF obtuvo hace pocos días ofertas varias veces superiores a una demanda de fondos por 1.000 millones de dólares. Pese a una tasa elevada, superior al 8%, la posibilidad de ese financiamiento se considera como una prueba de avanzada para que otros sectores privados de la economía local transiten el mismo camino y volver a la senda del endeudamiento público y privado.
Mencionamos lo público y lo privado porque el gobierno, en tanto sector público, suscribió hace poco un acuerdo estratégico con el Banco mundial por 3.000 millones de dólares para el periodo 2014-2016 y porque YPF sigue siendo una empresa privada, aunque de gestión estatal.
La búsqueda de recursos externos incluye préstamos e inversiones externas directas, que junto al sostenimiento del superávit comercial (mayores exportaciones que importaciones) contrarresten la pérdida de divisas de los últimos años.
Recordemos que las reservas bajaron de 52.000 millones de dólares a mediados del 2011 a unos 27.000 millones en la actualidad. La intencionalidad apunta a frenar el drenaje de divisas y en la medida de lo posible recomponer reservas internacionales.
Para que ello sea posible, los inversores y prestamistas externos actúan sobre el FMI y el Banco Mundial para que las autoridades de la Argentina asuman políticas económicas amigables con los inversores.
Ello puede significar que se profundicen los lazos y vínculos con los organismos internacionales, tal como se viene actuando a los efectos de las correcciones en los índices de inflación y medición del crecimiento del PBI, tal como lo sugirió Christine Lagarde al señalar que la colaboración del Fondo con la Argentina fue a solicitud del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y enfatizando que el organismo debe auditar las cuentas nacionales.
La presión del paro
Desde el otro ángulo, la extensión del paro nacional, más allá del análisis que debe continuarse, respecto de las formas, los modos y los beneficiarios de la iniciativa de acción colectiva, requiere que la política económica asuma algunas respuestas inmediatas.
Una de ellas remite a la actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, ya que es impensable desde la lógica hegemónica actual pensar en su eliminación, algo que estuvo incluido en varias demandas de las organizaciones que protagonizaron la protesta.
Otras respuestas que emanan del paro son de carácter más general y remiten a los precios y los salarios.
En materia de precios se anunciaron dos medidas en estos días. Una de ellas es la extensión de los precios cuidados de 194 productos a 302, con una actualización promedio del 3,2% en el paquete vigente, y el debut para 108 nuevos productos, que vienen con descuento, aun cuando incluyen el fuerte colchón de los aumentos procesados entre fines del año anterior y comienzos del presente. Otra alude a la quita de los subsidios de agua y gas, lo que significan facturas abultados para los usuarios residenciales, ya que las empresas, en aras de la desaceleración económica, se les mantiene el subsidio.
Queda claro que ambas tienen efectos diferenciados e impactan sobre la capacidad de consumo de los sectores de ingresos fijos, precisamente los más desfavorecidos y en buena parte protagonistas de la protesta social del 10 de abril.
Otras reivindicaciones son de mayor alcance y proponen un debate político en la sociedad, tal como la derogación de la legislación antiterrorista; las cuestiones de la seguridad, que involucra la precariedad y tercerización en el empleo, restringiendo seguridad social y previsional. Más para el debate son las consignas de libertad y democracia sindical, que supone discutir el modelo sindical imperante, sobre el que mucho se discutió en estas horas.
Quizá, valga mencionar que el dato más importante que trajo el paro es que aún a favor o en contra, por un tiempo, la agenda de discusión la pusieron los trabajadores.
