Hacía un año que no se actualizaban los montos de la Asignación Universal por Hijo (AUH), y esta semana se informó una actualización del 40%. Aun siendo poco representativo para cada perceptor del beneficio, de $460 a $644 por mes, la suma total afectada aporta en el intento de contrarrestar la caída del consumo y la producción que verifica la desaceleración de la economía en el presente.
Por Julio Gambina, Director Académico del Centro de Estudios de la Federación Judicial Argentina (CEFJA) y Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas (FISyP).
El ajuste de ingresos por beneficios sociales supone varias consideraciones. Por un lado significa un reconocimiento de la variación real de los precios de bienes y servicios que consumen los sectores más desprotegidos de la sociedad; y por otro, confirma que los elevados indicadores de crecimiento de la economía en la década no alcanzan para que millones de personas resuelvan su cotidianeidad con recursos provenientes del empleo.
La política económica no ha podido resolver cuestiones estructurales asociadas al ingreso popular, por lo que la política social masiva actúa de forma compensatoria, intentando morigerar indicadores sociales de marginación y empobrecimiento que constituyen legados de cambios regresivos en el orden económico y social gestados en las últimas cuatro décadas.
Vale mencionar que la AUH es el programa más extenso de una política social masiva que involucra a casi 4 millones de beneficiarios, y a la que se suman otros tres millones de diversos planes sociales, entre ellos nuevos jubilados sin historial de aportes previsionales. La política social alcanza a unos 7 millones de personas que reciben transferencias de ingresos provenientes de la ANSES.
El movimiento de trabajadores jubilados cuestiona la distracción de fondos del ANSES para fines que no sean previsionales, sustentando que lo esencial de los recursos de la seguridad social son aportes y contribuciones con ese específico fin. En todo caso, señalan, la insuficiencia de fondos para hacer frente los pagos de jubilaciones y pensiones se asocian a la disminución de aportes patronales gestados en tiempo de Cavallo y Menem y que motivó el reemplazo con recursos tributarios. Este último argumento, la compensación con impuestos para el fondo de la seguridad social es lo que sostiene el gobierno para atender el conjunto de la política social con dinero de la ANSES.
La cuestión parece irresoluble por escases de fondos, sean del tesoro nacional o del fondo de la seguridad social. Las demandas a satisfacer son cuantiosas y más allá del debate sobre índices de pobreza e indigencia, la realidad es que una parte importante de la sociedad tiene problemas de ingresos para resolver las necesidades de la vida cotidiana.
En efecto, si son 7 millones los beneficiarios de la política social con ingresos ajustados pero escasos, y unos 5 millones de jubilados nacionales perciben la mínima, por debajo del 50% de lo necesario para una vida digna; y un tercio de los trabajadores están en situación irregular con ingresos menores a los regularizados con seguridad social; queda claro entonces la deuda del orden económico social con la mayoría de la población.
Con ese cuadro de situación se impone la masividad, no necesariamente universalidad, de una política social compensatoria ante una economía que en la crisis mundial creció a valores superiores. Es una situación que la Argentina comparte con la mayoría de los países de la región, aún con orientaciones políticas diferenciadas. En casi todos los países de Latinoamérica se aplican programas de transferencias de renta sustentados en fuertes ingresos fiscales derivados de la particular situación de suba de los precios internacionales de los productos de exportación.
Uno de los problemas a consignar es que en estudios de la CEPAL y de la OIT para la región se anticipan modificaciones en las condiciones globales del rumbo económico, del comercio y de los precios de las materias primas que pueden afectar la cuestión de los ingresos fiscales de los países y convocaran a discutir el uso de los recursos públicos. No en vano, sectores hegemónicos presionan para la disminución del gasto público y aunque no siempre se sostenga claramente, el gasto social está en la mira del objetivo para la reducción.
Otro de los problemas proviene de la evolución de los precios, del 1,8% en abril según el INDEC, que se suma al 10% del primer trimestre, y en particular del de la divisa, que esta semana parece haber iniciado un nuevo movimiento alcista luego de la devaluación de enero. Las mínimas correcciones del valor del dólar impactan en varios precios que sufren precisamente los sectores de menores ingresos, que aun antes de percibir los ajustes ya sufren el impacto de la suba en bienes y servicios de consumo cotidiano.
