La CTA Autónoma rechaza el fallo de la CSJN en el caso “Orellano” por considerarlo en contra de los Derechos de la Clase Trabajadora.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha fallado en el caso Orellano en contra de los derechos de los trabajadores al considerar que sólo las asociaciones sindicales con simple inscripción tienen la titularidad para ejercer el derecho de huelga. “El dictamen no es más que un fallo en contra de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país que implica retroceder cientos de años de luchas y embiste directamente contra la Libertad y Democracia Sindical”, dijo José Rigane.
“Desde la CTA Autónoma sostenemos que la CSJN asimila el concepto de ‘gremio’ que utiliza nuestra constitución nacional al concepto ‘sindicato’, siendo que ambos conceptos parten de situaciones y construcciones históricas diferentes”, afirma el comunicado que dieron a conocer Pablo Micheli (secretario general de la CTA-A) y José Rigane (secretario adjunto de la CTA-A).
Para la CTA-A un “gremio” es una simple reunión de trabajadores que colectivamente deciden como organizarse y eventualmente realizar medidas de acción directa como convocar a una huelga. Un “sindicato”, en cambio, es una organización de trabajadores que poseen “una simple inscripción en un registro especial”.
En nuestro país existen más del 40 % de trabajadoras y trabajadores no registrados, que al no estar ni siquiera inscriptos como tales, tampoco son parte de los “sindicatos” que el Estado reconoce mediante una “simple inscripción”. Del 60% restante, sólo la mitad esta sindicalizado, con lo cual no son parte de las organizaciones sindicales. “La CSJN dijo que los trabajadores no registrados no pueden agruparse gremialmente y convocar a una huelga porque exclusivamente lo pueden hacer los sindicatos con ‘una simple inscripción en un registro especial. Rechazamos esta sentencia contundentemente’, expresó Rigane.
Desde la CTA Autónoma “lamentamos que la CSJN haya abandonado el camino de reconocimiento de los derechos sindicales”.
“Esta sentencia sobre el caso Orellano deja un precedente peligroso a pedido del gobierno y las patronales”, explicó Rigane. “Puede dejar presos de los acuerdos de cúpula a los trabajadores de las bases que luchan por mantener sus puestos de trabajo, sus salarios y que pelean por condiciones dignas de vida”, afirmó Rigane.
Francisco Orellano fue despedido y luego reincorporado junto a 46 trabajadores del Correo tras participar, en 2009, de medidas que no tenían una convocatoria formal sindical, pero que era totalmente legitima en defensa de sus derechos laborales y como ciudadano.
